📸 CortesĂa: Colprensa
Este domingo 9 de junio, Bogotá fue escenario de una nueva polémica institucional alrededor de la respuesta del Gobierno ante la negativa del Senado a la consulta popular por decreto sobre reforma laboral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendiĂł con vehemencia la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro llame a una consulta popular mediante decreto, a pesar de la reciente derrota legislativa. Benedetti asegurĂł contar con el respaldo jurĂdico de dos expresidentes de la Corte Constitucional, sin revelar sus nombres, para sostener que esta acciĂłn no violarĂa la legalidad vigente.
La controversia se animĂł con cifras claras: el pasado 14 de mayo, el Senado de la RepĂşblica dijo no a la consulta vinculante, con 49 votos en contra frente a 47 a favor. No obstante, desde el Ejecutivo se denuncian irregularidades en el proceso, como el cierre abrupto del registro de votaciĂłn, el cambio de votos fuera de tiempo y la falta de lectura de proposiciones, elementos que, para el Gobierno, invalidarĂan la votaciĂłn.
Ante estas circunstancias, Benedetti no dudĂł en cuestionar la legitimidad del Senado: “Tengo la razĂłn en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”, declarĂł. Bajo esta lectura, se abre la puerta para que Petro utilice el artĂculo 4 de la ConstituciĂłn como base para emitir un decreto que someta a la ciudadanĂa a referendo las preguntas iniciales en materia laboral.
El pulso institucional escalĂł el 7 de junio cuando el presidente Petro lanzĂł una advertencia directa a su equipo ministerial, marcando un momento de tensiĂłn palpable: la consulta popular se ha convertido en un conflicto de interpretaciones jurĂdicas y polĂticas que refleja el rumbo incierto del diálogo entre poderes.
ÂżQuĂ© significa esta disputa? Más allá de la lucha por conquistar el terreno legal, el verdadero peso de la polĂ©mica radica en la erosiĂłn de la confianza ciudadana y en la incĂłgnita sobre el respeto a los procesos democráticos. La consulta popular, en este episodio, no es solo un mecanismo legal, sino un espejo del estado institucional del paĂs.
Mientras tanto, la sociedad observa en silencio expectante: ÂżPodrán las instituciones hallar un equilibrio entre el trámite riguroso y la urgencia social? ÂżO seguirá la fragmentaciĂłn polĂtica impidiendo que la reforma laboral encuentre un camino claro hacia la legitimidad ciudadana?
