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Este domingo 9 de junio, Bogotá fue escenario de una nueva polémica institucional alrededor de la respuesta del Gobierno ante la negativa del Senado a la consulta popular por decreto sobre reforma laboral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió con vehemencia la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro llame a una consulta popular mediante decreto, a pesar de la reciente derrota legislativa. Benedetti aseguró contar con el respaldo jurídico de dos expresidentes de la Corte Constitucional, sin revelar sus nombres, para sostener que esta acción no violaría la legalidad vigente.
La controversia se animó con cifras claras: el pasado 14 de mayo, el Senado de la República dijo no a la consulta vinculante, con 49 votos en contra frente a 47 a favor. No obstante, desde el Ejecutivo se denuncian irregularidades en el proceso, como el cierre abrupto del registro de votación, el cambio de votos fuera de tiempo y la falta de lectura de proposiciones, elementos que, para el Gobierno, invalidarían la votación.
Ante estas circunstancias, Benedetti no dudó en cuestionar la legitimidad del Senado: “Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”, declaró. Bajo esta lectura, se abre la puerta para que Petro utilice el artículo 4 de la Constitución como base para emitir un decreto que someta a la ciudadanía a referendo las preguntas iniciales en materia laboral.
El pulso institucional escaló el 7 de junio cuando el presidente Petro lanzó una advertencia directa a su equipo ministerial, marcando un momento de tensión palpable: la consulta popular se ha convertido en un conflicto de interpretaciones jurídicas y políticas que refleja el rumbo incierto del diálogo entre poderes.
¿Qué significa esta disputa? Más allá de la lucha por conquistar el terreno legal, el verdadero peso de la polémica radica en la erosión de la confianza ciudadana y en la incógnita sobre el respeto a los procesos democráticos. La consulta popular, en este episodio, no es solo un mecanismo legal, sino un espejo del estado institucional del país.
Mientras tanto, la sociedad observa en silencio expectante: ¿Podrán las instituciones hallar un equilibrio entre el trámite riguroso y la urgencia social? ¿O seguirá la fragmentación política impidiendo que la reforma laboral encuentre un camino claro hacia la legitimidad ciudadana?
