D.R.A
El proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la facción disidente de las antiguas FARC liderada por alias Calarcá cumple dos años en noviembre de 2025 sin resultados concretos, a pesar de una inversión de más de 30.000 millones de pesos. Las negociaciones continúan activas como el segundo proceso de paz más costoso en Colombia, solo detrás de las que se mantienen con el ELN.
Las conversaciones se instauraron formalmente a finales de 2023 con la participación de 11 delegados del Gobierno y más de 40 miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente, grupo con orden de captura suspendida. El séptimo ciclo de diálogos finalizó el viernes 21 de noviembre de 2025 en el corregimiento Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, Caquetá. Durante este ciclo, se concertaron seis acuerdos relacionados con la desescalada del conflicto armado, la no reclutación de menores, acceso a tierras y garantías electorales para el 2026, aunque sin reducción sustancial de la violencia ni cambios verificables sobre el terreno.
A su vez, el gasto público asociado al proceso sigue en aumento, alcanzando cerca de 5.500 millones de pesos en honorarios, 5.967 millones en medidas de protección y más de 6.600 millones en traslados. No obstante, este esfuerzo se ve envuelto en denuncias recientes sobre infiltración del grupo en instituciones estatales. Una investigación periodística reveló contactos entre el general Juan Miguel Huertas, reintegrado en agosto de 2025, y Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, con filtraciones que habrían facilitado operaciones armadas clandestinas en Catatumbo y Antioquia. Ambas autoridades están investigadas oficialmente por el Ministerio de Defensa.
Mientras la Fiscalía intenta verificar estas denuncias, el presidente Gustavo Petro desestimó los señalamientos señalando que se buscan purgar a sus aliados, y respaldó al general Huertas. En contraste, el ministro de Defensa Pedro Sánchez advirtió que la colaboración con criminales es intolerable y prometió una investigación rigurosa contra quienes traicionen su deber constitucional.
Pese a estos episodios y a hechos violentos como la masacre de 13 policías en Amalfi atribuida al Frente 36 del EMBF, el Gobierno sostiene el diálogo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó sobre la expansión territorial de la facción, que sigue utilizando ventajas legales del cese al fuego sin mitigar sus actos violentos.
A dos años del inicio de estas negociaciones en la región del Caquetá, el diálogo con alias Calarcá enfrenta el reto central de la política de Paz Total: altos costos públicos sin avances inmediatos, mientras persisten cuestionamientos sobre infiltración estatal y violencia continuada. Las autoridades hacen un llamado permanente a fortalecer controles y garantizar seguimiento estricto a los compromisos pactados.
