📸 Imagen cortesía: Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca
¿Culpables en la sombra?
Este miércoles 24 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, alzó la voz para desmentir las acusaciones que la concesionaria Coviandina lanzó contra los campesinos de la vereda Caraza, señalados como responsables del deslizamiento que desde hace más de dos semanas mantiene bloqueada la vía Bogotá–Villavicencio.
El conflicto gira en torno a un movimiento en masa ocurrido entre los kilómetros 16 y 18+600, zona donde, según la concesionaria, las 12 viviendas rurales dispersas habrían provocado el desastre. Sin embargo, el gobernador rechazó estas afirmaciones calificándolas de absurdas e injustas. En su perfil de X (antes Twitter), recordó que en esa área habitan menos de 40 campesinos, en su mayoría adultos mayores o personas con discapacidad, dedicados a cultivos de plantas aromáticas y hortalizas, y denunció la “ridícula” idea de responsabilizarlos por un fenómeno geológico que escapa a su control.
En lugar de culpar a las comunidades locales, Rey Ángel señaló con firmeza que la raíz del deslizamiento está en la propia estructura de la montaña y en un problema histórico de mantenimiento. Recordó que el agua filtrada, proveniente de las cunetas ubicadas en la parte superior de la vía, continúa erosionando la ladera. “Miles de metros cúbicos de agua no son un capricho, sino una realidad que se desliza desde el km 16 hasta el km 18+600”, explicó el mandatario. Además, puso el foco en las obras realizadas por la anterior concesión vial: canales y pozos fueron construidos para controlar esas filtraciones, pero con el paso del tiempo quedaron fisurados y saturados, desconectándose entre sí y dejando al descubierto un sistema sin capacidad para evacuar el agua de manera segura.
La emergencia que ahora bloquea la arteria estratégica no solo compromete el tránsito regional sino también la confianza en las entidades responsables del mantenimiento vial y la gestión del riesgo. La disputa entre adjudicatarias y comunidades deja en el aire preguntas cruciales sobre quién debería asumir las responsabilidades y cómo evitar que la historia se repita.
Mientras tanto, la vereda Caraza sigue atrapada en el epicentro de una tragedia geológica y política, con sus campesinos convertidos en víctimas colaterales de una narrativa que, a estas alturas, resulta demasiado cómoda para ciertos sectores. ¿Podrá la verdad asomarse entre el barro y las grietas? ¿O persistirá la disputa dejando a la ciudadanía a la espera de soluciones reales y justas?
