📸 Cortesía: Cancillería
CONTRATO DE ASESORÍA JURÍDICA PARA TRANSICIÓN EN EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN COLOMBIA
En julio de 2025, la Cancillería de Colombia adjudicó un contrato por 72,4 millones de pesos para asesoría jurídica, con el fin de acompañar la transición hacia un nuevo modelo de expedición de pasaportes. El proceso beneficiará directamente a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
La persona encargada de esta labor es el abogado Felipe Alfonso Muñoz Tocarruncho, quien aportará asesoría integral en la supervisión de procesos contractuales relacionados con pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa. Entre sus funciones están la defensa judicial, la gestión de proyectos de inversión y la verificación del cumplimiento normativo. Además, acompañará la firma de contratos y órdenes de compra vinculadas al proceso.
Según el Fondo Rotatorio, la contratación directa se justificó por la falta de personal con el perfil técnico requerido y por la experiencia del profesional seleccionado, quien tiene maestría y más de 48 meses en asuntos jurídicos y contractuales. Este nivel de experticia es fundamental dado el carácter estratégico del cargo.
Esta decisión ocurre en un contexto donde el Gobierno prorroga por siete meses el convenio con la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Este plazo permitirá avanzar en acuerdos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, que asumirán la expedición de pasaportes partir del 1 de abril de 2026. El Ministerio busca asegurar la continuidad del servicio y la protección de la información personal de los ciudadanos durante el cambio.
El Fondo Rotatorio, en el estudio previo del proceso, destacó que esta asesoría es clave para liderar la transición hacia el nuevo esquema público de expedición de pasaportes, garantizando así el cumplimiento de los estándares legales y operativos necesarios.
La Cancillería invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el proceso y a seguir las recomendaciones que se publiquen para facilitar esta transición sin afectar los trámites ciudadanos.
