📸 Imagen cortesía www.senado.gov.co
[¿Silencio o protección rota?]
Este jueves 14 de agosto de 2025, Medellín volvió a ser escenario de una nueva intimidación que pone en jaque la ya frágil seguridad de la clase política colombiana.
El expresidente del Senado y candidato al Congreso por el Partido Conservador, Juan Diego Gómez, denunció que recibió amenazas de muerte a su número personal de WhatsApp. Los mensajes, atribuidos al Frente de Guerra de las Milicias Urbanas del ELN, no solo lo señalan a él, sino también a su familia, declarándolos “objetivo militar” y dando cuenta de un conocimiento alarmante: identifican sus lugares frecuentes y su residencia en esta ciudad antioqueña.
Este hecho, que repite un patrón sufrido ya en febrero pasado por Gómez, ocurre en un contexto de violencia política que se ha recrudecido en Colombia, especialmente tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La denuncia de Gómez transmite la angustia de quien sabe que las amenazas no son solo palabras al viento. “Le pueden quedar días para que la familia lo llore”, advierten los presuntos miembros del ELN en un mensaje directo y sin dobleces.
Gómez, férreo opositor del gobierno de Gustavo Petro y firme en su intención de regresar al Senado, atribuye estas amenazas a su activismo político y a sus críticas públicas. Sin embargo, lo que parece un motivo adicional de riesgo es la respuesta institucional, o más bien la ausencia de ella: la Unidad Nacional de Protección retiró el esquema de seguridad que le protegía desde abril, dejando a él y a sus seres queridos en un estado de vulnerabilidad que recorre la línea entre la impotencia y el abandono.
“Lamentable que, en plena ola de violencia política y en el dolor por la muerte de Miguel Uribe, el Gobierno Nacional decida retirar los esquemas de seguridad y no proteja a quienes pensamos diferente”, expresó Gómez al hacer pública la amenaza. La pregunta que flota es clara: ¿quién protege a quienes desafían las sombras del poder con palabra y votos?
Mientras la incertidumbre pesa sobre el destino del exsenador y su familia, la violencia política continúa su marcha implacable. ¿Será posible garantizar la seguridad de los actores políticos en un país donde la justicia, más que esclarecer, parece dilatar sus respuestas? El tiempo dirá si las instituciones reaccionan antes de que la amenaza se torne tragedia.
