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¿Corrupción al vuelo?
En la madrugada del martes 9 de septiembre de 2025, el bullicio usual del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, se vio interrumpido por la captura de un hombre que buscaba partir sin que las sombras de la ley lo dejaran escapar.
Se trataba de Óscar Antonio García Lopera, empresario de 36 años, detenido por la Policía Nacional en alianza con Migración Colombia a las 2:15 a.m., justo cuando intentaba salir del país. Contra él pesaban graves cargos: concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración pública.
La aprehensión tuvo lugar dentro de un operativo rutinario de control y verificación de antecedentes. No fue casualidad. Las autoridades identificaron pronto al sujeto. Más allá de la orden judicial vigente, una notificación azul de Interpol complicaba aún más su situación, alertando sobre su búsqueda internacional. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, cabeza del Departamento de Policía de Antioquia, señaló que García Lopera estaría relacionado con una compleja red de corrupción y blanqueo que operaba dentro y fuera del país, actividades que erosionan la economía y la confianza en las instituciones.
El empresario no era un desconocido en el mundo comercial. Asumía el rol de representante legal en Importaciones Unifer S.A.S., firma que, en 2024, duplicó sus operaciones alcanzando más de 5.600 millones de dólares en importaciones, sobre todo provenientes de China. Esa bonanza aparente escondía una maraña: al menos 23 empresas involucradas, interconectadas por lazos societarios y familiares, fueron señaladas por facilitar el ingreso y lavado de capitales a través de comercio y contrabando.
La justicia respondió con fuerza. El 8 de agosto, un juez ordenó la cancelación de la personería jurídica de varias de estas empresas, intentando poner freno a una maquinaria que amenazaba con descomponer la legalidad y moral colectiva.
Pero, ¿hasta dónde llegará esta investigación? ¿Serán estas medidas suficientes para desmantelar un esquema que aprovecha las grietas del sistema? Mientras las redes siguen tejiéndose y la economía se sacude, el país observa con expectación y desconfianza. La pregunta persiste: ¿podrá la justicia alcanzar a quienes intentan volar más alto que la ley?
