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¿Contratos bajo fuego?
Este lunes 6 de octubre de 2025, Medellín fue el escenario de una nueva sacudida en la administración pública. La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional capturaron a Misael Cadavid, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; a Elkin de Jesús González, exrepresentante legal del mismo organismo; y a Yaneth Rúa García, exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín. Los tres, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos celebrados entre el Cuerpo de Bomberos y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), están implicados en un posible daño al erario que supera los 3.000 millones de pesos.
La investigación que llevó a estas capturas comenzó sobre la base de una denuncia formal en abril de 2024 por parte del colectivo ciudadano Todos por Medellín. Este grupo, atento a lo que consideraba falta de transparencia y anomalías repetidas en la administración de Daniel Quintero —exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial—, alertó a las autoridades sobre contratos por más de 17.654 millones de pesos destinados a la compra de equipos y capacitación para los bomberos del Valle de Aburrá. Sin embargo, según la Fiscalía, los documentos que deberían probar la correcta ejecución de estas contrataciones brillan por su ausencia, lo que sugiere sobrecostos y posible apropiación indebida de recursos públicos.
Un ejemplo que ilustra esta irregularidad es el pago por dos requerimientos que no encuentras explicación técnica: la factura PP0149 por casi 14 millones de pesos y la PP0402 por más de 6 millones, cifras que no se justifican ante la ausencia de soportes ni cotizaciones claras. El análisis del ente investigador señala que hubo un direccionamiento de contratos, falta de respaldo documental para las cotizaciones y la ejecución real, además de presuntos ajustes arbitrarios en los precios, factores que habrían facilitado la desviación fraudulenta de recursos destinados a emergencias tan esenciales como las que atienden los bomberos.
Mientras tanto, las voces de la veeduría y la sociedad civil reclaman respuestas claras y sanciones ejemplares. La captación y malversación de fondos públicos en servicios esenciales como la atención a emergencias no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que deja a la comunidad expuesta y vulnerable. ¿Podrán las autoridades aclarar estos hechos y garantizar la transparencia en el manejo del erario? La sombra de la duda persiste y con ella, la urgencia de un juicio a la altura de la gravedad de estas sospechas.
