📸 Imagen cortesía
[¿El ocaso de un legado?]
En la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025, las calles de Apartadó, Antioquia, vieron cómo el exalcalde Héctor Rangel Palacios era detenido por agentes de la Dijín Bogotá. La escena, en apariencia común, esconde una trama que inquieta a la comunidad y cuestiona la integridad de quienes administran lo público.
Rangel Palacios, quien gobernaba para el periodo 2023-2027, se vio envuelto en una investigación por un presunto desfalco cercano a los 3.500 millones de pesos. La fiscalización detectó 49 transferencias electrónicas hechas entre 2024 y 2025 desde cuentas municipales a terceros. Lo llamativo no es solo la cifra, sino la falta de soportes contractuales y registros contables que justifiquen estos movimientos. La captura se realizó mientras el exmandatario se desplazaba por la vía pública; acto seguido, fue llevado a la estación de Policía local.
Las denuncias que desencadenaron esta acción provienen del actual alcalde Adolfo Romero Benítez y el secretario de Gobierno, Rubiel Montes. Este último señaló que los hechos podrían constituir los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, amparados en el artículo 397 del Código Penal colombiano. Aunque hasta ahora las autoridades no han emitido un informe oficial detallado, la Contraloría General de la Nación confirmó que estas irregularidades podrían traducirse en un grave detrimento patrimonial, insistiendo en que se vulneraron principios fundamentales como la eficiencia, la legalidad y la transparencia en la gestión fiscal.
En el centro del escándalo están las transferencias efectuadas sin los debidos respaldos legales ni administrativos, un claro indicio del posible mal manejo de fondos públicos. Este episodio no solo despierta inquietud por el impacto financiero, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones locales.
No es un último capítulo inesperado. Recordemos que Rangel Palacios fue destituido tras la nulidad de su elección decretada por el Consejo de Estado, un antecedente que matiza la dimensión de la crisis en Apartadó. Entre sombras legales e incertidumbres, ¿podrá la justicia esclarecer hasta el fondo este caso? ¿Qué futuro aguarda la gestión pública cuando la corrupción parece tener cauce libre? La comunidad, expectante, observa. Pero el vacío dejado por estas acciones pesa, y el reclamo por administración íntegra resuena más fuerte que nunca.
