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**¿Corrupción al desnudo?**
Este martes 29 de julio de 2025, un nuevo capítulo sombrío se escribió en la historia democrática colombiana. César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y próximo al presidente Gustavo Petro, fue enviado a centro carcelario. La jueza penal de control de garantías de Bogotá ordenó su medida de aseguramiento por su presunta implicación en la mayor trama de corrupción de este Gobierno. Junto a él, otros siete implicados cayeron presos por delitos relacionados con contratos públicos en La Guajira.
La operación criminal, según la Fiscalía General, brotó entre marzo de 2023 y mayo de 2025. Una red que manipuló más de 100.000 millones de pesos, destinados a proyectos de agua potable, para beneficio propio y de terceros. El caso más visible de este entramado es el contrato con la Corporación Mixta Yapurutú, firmado en octubre de 2023. La compra irregular de 40 carrotanques por 29.000 millones de pesos arrastró sobrecostos que superan los 13.000 millones. Investigadores sostienen que Manrique habría embolsado alrededor de 3.000 millones en efectivo, una suma equivalente al 7% del total de los contratos desviados.
Este entramado no solo involucra a Manrique. En la lista de imputados figuran contratistas y asesores vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Yapurutú. Entre ellos, destacan Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, Sonia Rocío Romero Hernández, Edgar Echeverri Toro, Francisco Javier Estupiñán Bravo, Jorge Aristizábal Rodríguez y Óscar Enrique Cárdenas Angulo. Todos acusados de direccionar y apropiarse indebidamente de recursos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables del país.
Este caso desnuda no solo la fragilidad institucional frente a la corrupción, sino también la manera en que las redes de poder pueden anidar en lugares inesperados. ¿Hasta dónde llegará la mano judicial para romper estas cadenas? ¿Podrá el sistema garantizar el uso transparente de recursos públicos en pro de las comunidades afectadas? Mientras tanto, el país observa un vacío en la confianza que será difícil de llenar. La justicia inicia su camino entre sombras que, ojalá, no duren eternamente.
