¿Presunción o certeza?
La sombra de Managua se extiende sobre Bogotá. Este viernes 6 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hombre cercano al presidente Gustavo Petro, por presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El requerimiento judicial detalla los delitos imputados: cohecho propio, peculado por apropiación y lavado de activos. Lo más inquietante para las autoridades es la sospecha de fuga. Según la Fiscalía, González estaría fuera del país, protegido en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, una acusación respaldada por evidencias indirectas: la conexión virtual del exfuncionario durante las audiencias provino de una dirección IP en Managua.
Pero, ¿qué hay detrás de esta petición? María Cristina Patiño, fiscal delegada, defendió durante la audiencia que la gravedad de los indicios demanda restringir la libertad del exdirector. La Fiscalía advierte que sin esta medida, el riesgo de que González desatienda el proceso sería real e inminente. Son estas sospechas y movimientos informáticos las que alimentan la idea de que González busca evadir la justicia colombiana.
En contraposición, el defensor Iván Cancino brinda otra versión: González permanece en Colombia y ha respondido a todas las citaciones judiciales. Para él, la Fiscalía basa su argumento en «hipótesis no comprobadas», señalando que los movimientos migratorios y conexiones digitales atribuidas a su cliente no prueban su salida ni intención de fuga.
Este caso no solo tensiona la credibilidad entre una Fiscalía firme y una defensa vehemente, sino que también refleja la complejidad de investigar y juzgar a funcionarios vinculados al poder presidencial. ¿Puede la justicia colombiana esclarecer si un exfuncionario cercano al presidente está, efectivamente, al otro lado de la frontera, protegido bajo otro régimen? ¿Qué peso tendrán las pruebas digitales en un proceso marcado por la incertidumbre y la política?
Por ahora, la petición de medida de aseguramiento está en manos del Tribunal. Pero lo que permanece es el vacío que genera esta sospecha: una imagen oscura que erosiona la confianza en las instituciones y deja en el aire la pregunta inevitable: ¿Podrá la justicia colombiana avanzar entre fronteras y sombras?
