📸 Cortesía: Jennifer Pedraza / Colprensa / D.R.A.
El presunto “cartel de títulos y diplomas” generó polémica tras la denuncia de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza el 7 de noviembre de 2025, en la que alertó sobre irregularidades en la expedición académica vinculadas a Juliana Guerrero. La señalada acudió a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema, atizando la controversia luego de confirmarse la anulación oficial de sus títulos por parte de la Fundación Universitaria San José ante la ausencia de registros académicos que respaldaran sus supuestos grados en contaduría pública y gestión contable y tributaria.
Solo en Colombia, este caso surgió cuando se detectó que Juliana Guerrero, designada representante del presidente Gustavo Petro ante la Universidad Popular del Cesar, presentó títulos sin respaldo en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). La misma universidad señaló que Guerrero no constaba con registros de asistencia, evaluaciones ni participación en plataformas académicas obligatorias, además de no haber presentado la prueba Saber Pro, requisito legal para el reconocimiento profesional en el país.
“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual”, comunicó la Fundación Universitaria San José luego de su investigación interna. Ante los indicios hallados, la universidad adoptó medidas legales contra el personal implicado en la emisión irregular de títulos y anunció procesos de revisión para fortalecer sus mecanismos de control.
Jennifer Pedraza manifestó que este hecho refleja una crisis que compromete la transparencia en la expedición de títulos superiores y condenó que Guerrero mantenga cargos oficiales como el Consejo Superior de la Universidad Caribeña. “¿Cómo puede estar una persona así en un cargo de representación pública? Inaceptable”, puntualizó, solicitando la derogatoria de la delegación presidencial que involucraría a la funcionaria.
Mientras Fiscalía y Ministerio de Educación continúan las investigaciones sobre posibles actos ilícitos relacionados con títulos fraudulentos, hasta la fecha el presidente Gustavo Petro no ha confirmado la designación oficial de Guerrero como viceministra, dado que se espera un pronunciamiento final sobre la validez de sus títulos académicos. De acuerdo con las autoridades, este caso enfatiza la necesidad de reforzar el control en la emisión de diplomas y asegurar la transparencia en la selección de funcionarios públicos.
En resumen, el caso “Cartel de diplomas” ha destapado cargos federales relacionados con la expedición irregular de títulos en Colombia y quiere ETFs todo un escenario para revisar exhaustivamente la institución académica y su impacto en entidades públicas y educativas del país. La demostración anticipada dicta hacia una vigilancia reforzada en los procesos académicos y administrativos.
