📸 Imagen cortesía: : Andrea Puentes – Presidencia de la República / María Paula Acosta – Mineducación. Imagen de referencia
¿Ilusión o realidad? El “Cartel de los Soles” en el debate colombiano
Este miércoles 17 de septiembre de 2025, la escena política colombiana se sacudió con una controversia que trasciende fronteras y tensiones regionales. El presidente Gustavo Petro negó la existencia judicial del “Cartel de los Soles” en Colombia, justo el día en que el Senado ratificaba su condena contra este supuesto grupo criminal vinculado al gobierno venezolano.
El Senado colombiano aprobó con 33 votos a favor y 20 en contra una proposición que califica al Cartel de los Soles como organización terrorista y criminal transnacional, una postura alineada con acusaciones internacionales que señalan al presidente venezolano Nicolás Maduro como presunto cabecilla. Sin embargo, Petro, en un gesto que quebranta el consenso político, rechazó públicamente esta caracterización. Aseguró que ningún expediente judicial en Colombia menciona a dicho cartel, atribuyendo esa narrativa a “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos”.
Detrás de esta disputa, se esconde una realidad más compleja: el narcotráfico que se cultiva y se trafica en la frontera colombo-venezolana no obedece a un solo actor, menos a una estructura transnacional como la que se difunde en discursos y documentos oficiales. Petro explicó que la región del Catatumbo y demás áreas limítrofes están bajo el control de grupos armados locales, como las disidencias de las FARC, denominadas Estado Mayor Central, que desde el cierre de la frontera mantienen rutas clandestinas para mover la cocaína. La cocaína que llega a Venezuela por Apure, dijo el presidente, proviene del centro del país, mientras que en Arauca no existen cultivos de hoja de coca, negando así la presunta complicidad directa del llamado Cartel de los Soles.
En redes sociales y declaraciones públicas, Petro también puso en tela de juicio la inclusión del Tren de Aragua —otra organización señalada como criminal— dentro de esta narrativa, invitando a repensar las etiquetas que adornan un conflicto donde, de fondo, parece prevalecer la instrumentalización política. La ciudadanía observa atónita este choque de discursos, mientras la región sigue sufriendo las consecuencias del narcotráfico y la violencia.
¿Podrá la verdad judicial atravesar tantas sombras políticas? Y, en última instancia, ¿qué intereses mueven las acusaciones que estigmatizan gobiernos y actores regionales sin pruebas fehacientes? La frontera sigue siendo un territorio de incertidumbre, un escenario donde la política, la justicia y la realidad cotidiana conviven en una compleja y peligrosa tensión.
