En una jornada que levantó más dudas que certezas, el Senado de Colombia eligió el martes 21 de mayo de 2025 a Héctor Carvajal Londoño como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Con 66 votos a favor, Carvajal, abogado de 66 años experto en derecho electoral y administrativo, reemplazará a Cristina Pardo, quien concluyó su periodo de ocho años. Pero esta designación no ha pasado desapercibida, pues en el trasfondo surgen preguntas sobre la independencia judicial y las tensiones políticas del país.
La figura de Carvajal no es común en la arena política colombiana. Cercano tanto al presidente Gustavo Petro, a quien representa ante el Consejo Nacional Electoral en el polémico caso de presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, como al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de la oposición, Carvajal se presenta como un actor clave en un escenario de profundas divisiones. Más que un simple abogado, ha sido el artífice de tres reuniones históricas entre Petro y Uribe, encuentros que buscaban tender puentes entre dos líderes que han marcado la historia reciente con antagonismos profundos. La primera cita tuvo lugar en su propio despacho, la segunda en la Casa de Nariño y la tercera en su residencia particular.
Este miércoles, ante la plenaria del Senado y bajo el escrutinio público, Carvajal defendió su trayectoria con una frase que intenta despejar recelos: “Tengo una trayectoria que les permitirá tener tranquilidad en la medida en que no solamente he defendido a mis clientes, sino que he defendido la institucionalidad del país y los derechos de la Constitución Política”. Sin embargo, para muchos observadores, esa cercanía a polos opuestos del espectro político genera más preguntas que certezas: ¿puede alguien tan ligado a figuras tan contrapuestas garantizar la autonomía de uno de los tribunales más importantes del país?
Este nombramiento ha desatado una oleada de críticas, especialmente desde sectores que temen que la independencia judicial quede erosionada ante la influencia política. El movimiento De Cara al Futuro hizo pública una carta enviada al Senado en la que expresa su preocupación frente a lo que consideran una posible politización de la justicia, apelando a la necesidad de preservar la separación de poderes como pilar de la democracia.
Mientras tanto, Colombia observa con expectación y algo de incertidumbre cómo este nuevo magistrado, cuyo pasado reciente está marcado por su papel de intermediario entre rivales históricos, asumirá un puesto en un tribunal clave para el equilibrio del país. ¿Podrá Héctor Carvajal mantener la balanza apartada de influencias políticas, o su nombramiento provocará un vacío en la confianza hacia la Corte Constitucional? La democracia parece esperar, pero las sombras de la duda ya se insinúan.
