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Fiscalía relaciona a Zulma Guzmán con envenenamiento de caballos y muertes en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación investiga a Zulma Guzmán, empresaria de 54 años detenida en Londres el 16 de diciembre, en relación con el envenenamiento con talio de caballos de polo de Juan de Bedout y la muerte de sus familiares en el norte de Bogotá entre 2021 y 2025. Guzmán enfrenta acusaciones directas por doble homicidio tras muertes por ingestión de frambuesas contaminadas con este metal tóxico.
El presunto caso se vinculó luego de que Guzmán en una entrevista con medios nacionales señalara a la familia De Bedout de intoxicar sus animales, información considerada reveladora para los investigadores ante el conocimiento preciso del veneno usado. Entre los afectados están Inés de Bedout y Emilia Forero, adolescentes que murieron entre el 5 y 9 de abril de 2025 tras consumir frambuesas con talio, y otras dos personas aún hospitalizadas. Según autoridades, el metal encontrado es prohibido en Colombia y puede ser mortal.
De igual forma, se investiga la posible muerte por envenenamiento con talio de Alicia Graham Sardi, esposa de Bedout, fallecida en 2021 por cuadros similares y ubicaciones rurales sin acceso médico. La Fiscalía revisa historial de envíos mencionados y comunicaciones que podrían indicar premeditación. Juan de Bedout confirmó en entrevista la relación extramatrimonial con Guzmán desde 2018 y que pidió re evaluación de inmunidad al diagnóstico oficial de cáncer para su esposa.
Ante la pesquisa, Guzmán huyó por varios países: estuvo en Argentina de abril a agosto de 2025, luego Brasil hasta octubre, España y finalmente Reino Unido. Su detención vino tras un hallazgo en el río Támesis después de un presunto intento de suicidio. Actualmente está bajo custodia y evalúan su estado mental antes de avanzar con la extradición, la cual puede tardar entre dos y doce meses.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria explicó que la captura requirió coordinación internacional en 12 países. Familias e investigadores esperan ver un fallo que alcance penas superiores a 50 años por los señalamientos de homicidio y daño a organismos vulnerables.
La Fiscalía continúa con las investigaciones mientras hace un llamado a la comunidad a permanecer atenta a cualquier información relevante y efectos diarios para prevenir riesgos asociados con el manejo de sustancias tóxicas en la región.
