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Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas por caso UNGRD
En las últimas horas, el Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas investigados por presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), iniciativa presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
Los legisladores implicados, entre senadores y representantes a la Cámara, son Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez Soto. La denuncia señala conductas como tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades por presuntamente gestionar contratos y cargos burocráticos en la UNGRD a cambio de apoyo a proyectos de ley y reformas del Gobierno nacional.
De acuerdo con la demanda, los hechos fueron revelados en declaraciones ante la Fiscalía por parte de exfuncionarios de la UNGRD, que habrían expuesto asociaciones irregulares para direccionar contratos millonarios en varias regiones del país. “Se están revisando los indicios con rigor, y los congresistas cuentan con plazos para ejercer su derecho de defensa”, explicó Juan Enrique Bedoya, consejero del Consejo de Estado.
Tras la admisión, los congresistas tienen plazo de cinco días para responder a la demanda y presentar pruebas en su defensa. De ser condenados, afrontarán la pérdida inmediata de su investidura y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Paralelamente, algunos de los implicados permanecen bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de cohecho impropio, basados en acuerdos con exfuncionarios del Gobierno. El escándalo ha sido catalogado como uno de los mayores episodios de corrupción durante la actual administración, y las autoridades mantienen el seguimiento estrecho de estas actuaciones.
La comunidad y entidades se mantienen alertas, mientras la administración estatal promete agotar las investigaciones y tomar las medidas pertinentes para garantizar la transparencia en la gestión pública.
