Captura de pantalla. Imagen tomada de la cuenta oficial de X de Paloma Valencia
Fiscalía presenta demanda de casación para revocar absolución de Álvaro Uribe Vélez
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación radicó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que sea revisada y anulada la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso judicial que suma más de una década. La petición pretende invalidar el fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y restablecer la condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.
La demanda de 108 páginas fue presentada este jueves 15 de enero de 2026, bajo la firma de Marlene Orjuela Ramírez, fiscal primera delegada ante la Corte Suprema. La argumentación cuestiona la valoración de las pruebas hecha por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, esta última con salvamento de voto. Según la Fiscalía, hubo errores en el análisis legal y de hecho, exclusión indebida de pruebas frente a interceptaciones telefónicas que considera fundamentales para acreditar los delitos imputados.
Una de las polémicas se centra en la legalidad de las intervenciones al celular de Uribe en 2018, inicialmente atribuidas a un error por confundir líneas telefónicas vinculadas a otros investigados. La Fiscalía sostiene que estas escuchas aportan testimonios y evidencia relevante que la Corte ignoró, violando principios de buena fe y de la valoración integral basada en la sana crítica judicial.
De igual forma, se valida el testimonio de alias “Víctor”, señalado por inconsistencias en el tribunal, pero apoya del trabajo para corroborar que hubo sobornos mediante movimientos económicos y comunicaciones. También destaca supuestos vacíos al analizar hechos y declaró parcial el testimonio de otros actores claves en la causa.
La acción judicial también responde a la casación presentada previamente el 13 de enero de 2026 por víctimas acreditadas, encabezadas por el senador Iván Cepeda y exfuncionarios como Eduardo Montealegre. Si la Corte admitiese y estudiase estas demandas, se estaría frente a una revisión completa del expediente abierto desde 2013. De no hacerlo, quedarían vigentes las decisiones que sobreseían al exmandatario.
Este caso sumó controversia por la libertad condicional otorgada a Uribe por una tutela en agosto de 2025, reconocida también por la Sala de Casación Penal en septiembre, que indicó desproporcionalidad en su arresto. Sin embargo, el tribunal levantó en octubre la condena pese a cuestionar la autenticidad de pruebas transmitidas como las interceptaciones telefónicas y analizar testimonios divididos del proceso.
La Fiscalía y las víctimas insisten en una revaluación más profunda, por lo que piden a la Corte Suprema una decisión clara para que se confirme la condena impuesta originalmente o se jardín firme la absolución otorgada. La sociedad espera el juicio dentro del tribunal de mayor jerarquía, que definirá la judicialización de uno de los casos más emblemáticos de esta década.
