📸 Imagen cortesía: Rama Judicial
¿Justicia en jaque?
Este miércoles 13 de agosto de 2025, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó un voluminoso recurso de apelación de 904 páginas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en un intento por revertir la condena que le impuso 12 años de prisión domiciliaria por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La apelación responde a la sentencia emitida el pasado 1 de agosto y alega que existen errores tanto de hecho como de derecho que comprometen la validez del fallo. Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores de Uribe, insisten en la supuesta parcialidad de la jueza Sandra Liliana Heredia desde los inicios del proceso, señalando un sesgo que habría vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia. Por ello, reclaman la nulidad total del procedimiento desde la formulación de la acusación o, en su defecto, desde la lectura del fallo. Como última opción, piden la absolución bajo el argumento de que no se acreditó una responsabilidad penal concreta.
Entre los puntos más controversiales que plantea la defensa figuran la cuestionada imparcialidad de la magistrada y una valoración de pruebas que, aseguran, ignoró elementos favorables a Uribe. Además, cuestionan la admisión de interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su abogado Diego Cadena, argumentando que violaron el secreto profesional y que su aceptación judicial bajo la figura del “descubrimiento inevitable” resulta irregular. Finalmente, insisten en la ausencia de pruebas contundentes, denunciando que la condena se basó en meras conjeturas y no en evidencias sólidas que derrumben la presunción de inocencia.
La Sala Penal tiene hasta el 15 de octubre para resolver esta apelación. A esa fecha está previsto que prescriba el caso, un factor que añade presión al tribunal y siembra dudas sobre la posibilidad de que el proceso alcance una resolución definitiva.
¿Podrá la justicia esclarecer un entramado marcado por acusaciones de parcialidad y evidencias controvertidas? Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante, consciente de que este fallo no solo define el destino de Álvaro Uribe, sino también la fortaleza y transparencia de un sistema judicial que lucha por no perder credibilidad en el ojo público.
