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Acusación del expresidente César Gaviria señala “expropiaciones indirectas” por declaración de áreas protegidas en varios departamentos
El 25 de agosto de 2025, el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, denunció que el gobierno de Gustavo Petro está implementando “expropiaciones indirectas” mediante la declaración masiva de áreas protegidas y figuras ambientales en varias regiones del país. Según Gaviria, estas medidas afectan la propiedad privada y devalúan tierras campesinas y mineras, en contradicción con la promesa de no expropiar hecha en campaña presidencial.
La denuncia se centra en decretos y resoluciones emitidos por el Ejecutivo, que sin consulta a gobiernos locales ni propietarios, restringen el uso del suelo en predios agrícolas, ganaderos, mineros e infraestructurales, argumentó Gaviria. “Lo que se está haciendo es declarar de facto áreas protegidas por todo el país, desconociendo los condicionantes y lineamientos impuestos de manera juiciosa”, explicó, y añadió que estas acciones ocasionan un “detrimento casi absoluto del valor de los predios en el mercado”.
Como ejemplo, el expresidente mencionó las ZPPAS (Zonas de Producción de Alimentos para estudios previos) y APPAS (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos), figuras aplicadas en cerca de 400.000 hectáreas en más de 40 municipios de Antioquia, Tolima y Cundinamarca, así como en siete municipios de La Guajira. Además, alertó sobre la intención de extender estas medidas a otras 22 localidades en el suroeste de La Guajira, afectando cerca de 250.000 hectáreas adicionales.
Ante esta acusación, Gaviria señaló que estas declaratorias generan restricciones que desvalorizan y limitan economicamente predios del sector rural, minero y de infraestructura. El expresidente pidió mayor participación de autoridades locales y propietarios en las decisiones que afectan el uso de la tierra, ante la preocupación de que estas acciones vulneren derechos y afecten el desarrollo económico regional.
La denuncia se suma al debate sobre el equilibrio entre conservación ambiental y propiedad privada, y plantea la necesidad de que el gobierno explique la ruta jurídica y social de estas medidas. Se espera que en próximos días las autoridades pertinentes den respuesta oficial a esta queja y que se mantenga un monitoreo sobre el impacto de las áreas protegidas en el territorio nacional.
