César Carrión – Presidencia
El senador Carlos Fernando Motoa denunció ante la Procuraduría a 19 ministros por dilatar el control político sobre el decreto de emergencia económica
En las últimas horas, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentó una queja disciplinaria contra los 19 ministros del Gobierno nacional por no responder a tiempo los cuestionarios del Senado sobre el decreto 1390 de 2025, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica desde el 22 de diciembre de 2025.
El 26 de diciembre de 2025, el Senado aprobó citar a todos los ministros a un debate urgente y les envío un cuestionario con 26 preguntas que debían contestar en cinco días hábiles según la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo, encabezado por el ministro del Interior Armando Benedetti, no acudió a la sesión del 29 de diciembre y solicitó hasta el 31 para responder. Posteriormente, la mayoría de carteras pidieron prórrogas el 31 de diciembre y el 9 de enero de 2026, aduciendo retrasos en la entrega de información, pero a la fecha no se han recibido respuestas completas.
“El Gobierno, que suele evadir compromisos frente al Congreso, ahora dilata el control político a la emergencia económica. Ya cumplen tres semanas evadiendo la plenaria e interponiendo excusas para aplazar el debate”, afirmó Motoa en su cuenta de X. Frente a este panorama, aseguró que radicó la queja ante la Procuraduría General de la Nación por la falta de cumplimiento en el suministro de información oficial.
Paralelamente, el senador pidió a la Mesa Directiva del Congreso convocar de inmediato el debate sobre los decretos 1390 y 1474, este último firmado el 29 de diciembre, que contempla reformas tributarias extraordinarias con impuestos a compras en internet y la subida del IVA en licores y juegos de azar en línea. Estas medidas buscarían recaudar cerca de 11 billones de pesos en 2026 ante un déficit fiscal de 16,3 billones. La Corte Constitucional inició el 13 de enero su revisión sobre estas disposiciones.
La queja señala a los ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Defensa, Salud, Minas y otros, por incumplir la obligación legal de proporcionar información requerida por el Congreso sobre temas de trascendencia nacional. Motoa estima que esta demora incumple la función del Legislativo y evitar dilatar decisiones críticas en un contexto de emergencia que desloca competencias parlamentarias tras el archivo de una reforma tributaria previa.
El Senado y la Procuraduría permanecen atentos al avance de las investigaciones para garantizar la transparencia en el control democrático sobre las medidas económicas extraordinarias del Ejecutivo.
