📸 Cortesía: @ficogutiérrez
CHOQUE DIPLOMÁTICO ENTRE GOBIERNO Y ALCALDES DE MEDELLÍN Y CALI POR GESTIONES EN WASHINGTON
En las últimas horas, se desató un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional y los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, tras las gestiones realizadas por estos últimos en Washington D.C. entre el 8 y 10 de septiembre de 2025, en medio de la posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.
Solo en estas fechas, los mandatarios locales se reunieron con congresistas demócratas y republicanos en Estados Unidos para exponer la situación de sus ciudades y el impacto que la descertificación tendría en la cooperación internacional. El Gobierno nacional, a través del presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a Gutiérrez y Eder de “usurpación de funciones”, recordando que la política exterior es competencia exclusiva del Ejecutivo. Benedetti anunció que presentaría una denuncia penal en contra de ambos alcaldes, calificando su agenda como una acción fuera del marco legal y constitucional.
“Ellos están usurpando funciones que son del presidente de la República, como son las relaciones exteriores, el orden público y la seguridad nacional”, declaró Benedetti ante medios nacionales. De igual forma, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero interpuso una denuncia por abuso de poder y peculado contra Federico Gutiérrez, enfatizando que estos temas solo competen al presidente.
Por su parte, los alcaldes Gutiérrez y Eder defendieron su participación en Washington, argumentando que actuaron en defensa de sus comunidades y en representación de los intereses locales ante la alarmante posibilidad de la descertificación, la cual podría afectar significativamente la asistencia internacional y proyectos en sus ciudades.
Ante esta controversia, se aguarda la decisión judicial respecto a las denuncias presentadas y las futuras acciones del Gobierno para mitigar el impacto diplomático. La ciudadanía y las autoridades locales permanecen atentas a la evolución del conflicto y al pronunciamiento oficial sobre la política antidrogas en Colombia.
