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¿Fronteras sin seguridad? Cinco uniformados colombianos secuestrados y trasladados a Venezuela
Un trágico golpe a la ya vulnerable seguridad fronteriza. Entre el lunes 4 y el martes 5 de agosto de 2025, cinco uniformados colombianos fueron arrancados de sus patrullajes en las regiones limítrofes de Catatumbo, Norte de Santander, y Arauca. Este miércoles, fuentes oficiales confirmaron que sus captores habrían cruzado con ellos hacia territorio venezolano.
Las víctimas son tres soldados – Yimer Andrés Coral, Julián Reinel Saenz y Jamerson Adrián Guacheta –, junto con el patrullero de policía Yordyn Pérez Mendoza y el subintendente Franque Hoyos Murcia. Los secuestros se produjeron en operativos independientes, afrontando el acecho constante de grupos armados ilegales. Según inteligencia militar, los uniformados fueron conducidos por pasos clandestinos hacia Venezuela, donde se presume siguen retenidos.
La autoría del secuestro recae sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, actores persistentes en las zonas conflictivas de la frontera, quienes no solo desafían la autoridad estatal, sino que profundizan la crisis humanitaria y de seguridad.
Ante la gravedad del hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró: “Estamos ante una vulneración grave de nuestra soberanía. No descansaremos hasta garantizar el regreso seguro de nuestros hombres y llevar ante la justicia a los responsables”. Colombia ha solicitado cooperación internacional y espera una acción efectiva del gobierno venezolano, que hasta ahora ha sido inexistente o sigilosa.
En este escenario, la ciudadanía se pregunta por qué persiste un vacío de control estatal en estas regiones estratégicas y cuál será el destino de los cinco uniformados, símbolos de un conflicto que se intrinca y se extiende más allá de las fronteras. La crítica no se limita solo al grupo armado; también el alcalde de Medellín ha denunciado con dureza la gestión de seguridad fronteriza del presidente Gustavo Petro, cuestionando la capacidad del Estado para proteger a sus servidores públicos.
Mientras tanto, la incertidumbre planea sobre Catatumbo y Arauca. ¿Podrá el Estado colombiano retomar el control y la esperanza? ¿O se avecina un largo y doloroso tiempo de negociación y espera por cinco vidas en manos del conflicto? El silencio fronterizo es, quizás, la llamada más urgente para repensar seguridad y soberanía.
