Colombia enfrenta en 2025 el reto de fortalecer un sector privado dinámico mientras refuerza sus instituciones públicas para lograr un crecimiento sostenible, en un contexto marcado por la desaceleración económica, la alta informalidad laboral y tensiones fiscales.
La economía nacional creció 0,7 % en 2023 y se estima una expansión de 2,4 % para 2025, impulsada por el consumo privado, que ya representa cerca del 76,7 % del PIB, beneficiado por tasas de interés más bajas y una leve mejora en el empleo. Sin embargo, la inversión fija solo tuvo un crecimiento modesto del 1,8 % en el primer trimestre de 2025, con caídas relevantes en vivienda e infraestructura, lo que pone en evidencia debilidades estructurales. Estas cifras fueron dadas a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.
Para enfrentar estos desafíos, el Gobierno colombiano lanzó la Política Nacional de Reindustrialización 2024‑2034 y la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa. Estas estrategias buscan cambiar el modelo económico de extractivo a uno basado en la productividad, innovación y sostenibilidad, concentrándose en sectores como la agroindustria, la salud, la defensa, la transición energética y el turismo. El programa incluye la implementación de centros de reindustrialización en 26 departamentos, donde se ofrecerá asistencia técnica y maquinaria, con énfasis en apoyar a jóvenes y a poblaciones vulnerables.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el sector privado es fundamental para financiar el desarrollo y generar empleo formal, pero necesita reglas claras y estabilidad institucional. Para ello, se requiere una articulación efectiva entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil y la cooperación internacional. “Es vital contar con herramientas financieras combinadas, seguros paramétricos y mejorar la medición de resultados para incentivar la inversión socialmente responsable”, afirmó Carolina Grillo, especialista del PNUD en Colombia.
Entretanto, estudios del Atlantic Council advertían que desde 2022 la polarización política, la incertidumbre regulatoria y el aumento en déficit y deuda afectan la confianza de los inversionistas, lo que implica que Colombia debe restaurar la disciplina fiscal y proteger la independencia del Banco de la República. “Solo con un Estado de derecho fortalecido podrán las empresas invertir con mayor previsibilidad y dinamismo”, destacó la entidad en su informe.
Por otra parte, bancos de desarrollo como IDB Invest han comenzado a usar el mercado local para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de bonos sociales en pesos colombianos, sector considerado motor del crecimiento y la formalización laboral.
La Secretaría de Planeación Nacional recomendó continuar fortaleciendo la colaboración entre entidades públicas y privadas, asegurar la seguridad jurídica y desarrollar políticas que mitiguen la informalidad. Así se podrá traducir el crecimiento económico en más oportunidades para los colombianos más vulnerables. La próxima revisión del Plan Nacional de Desarrollo, prevista para el segundo semestre, evaluará el avance de estas estrategias.
