Colombia lanza proyecto de escudo antidrones por 1.680 millones de dólares
En las últimas horas, el gobierno colombiano puso en marcha un ambicioso proyecto valorado en 1.680 millones de dólares para diseñar y desplegar un escudo antidrones con el objetivo de proteger el territorio nacional de acciones violentas perpetradas por grupos armados ilegales.
La iniciativa, presentada el 16 de enero de 2026, es liderada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La inversión inicial corresponde a 1 billón de pesos, autorizada mediante orden presidencial por el presidente Gustavo Petro, y abarcará toda la geografía nacional para garantizar el control en el espacio aéreo.
Según el Ministerio de Defensa, esta medida responde al creciente uso indebido de drones comerciales alterados por grupos criminales y actores armados que traban explosivos con estos dispositivos para atacar infraestructura crítica y personal de la Fuerza Pública. A pesar de que se ha logrado inhibir cerca del 95% de los ataques, la situación representa una amenaza dinámica y en expansión. Colombia enfrenta un conflicto armado interno que, durante más de seis décadas, ha causado más de 450.000 muertes y confronta diversas organizaciones ilegales.
El escudo antidrones descansa en tres pilares: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y avances tecnológicos. La contratación será directa y dirigida exclusivamente a compañías respaldadas por sus gobiernos de origen y avaladas por las embajadas correspondientes, procurando criterios técnicos, jurídicos y económicos estrictos. Estas compañías deberán asegurar actualización tecnológica, capacitación especializada para el país, pruebas operativas en territorio colombiano y programas de transferencia tecnológica para fronterizar la autonomía estratégica.
“Colombia está emprendiendo una de las estrategias más audaces e innovadoras para nuestra seguridad y defensa nacional”, afirmó el ministro Sánchez. Adicionalmente, el proceso tendrá acompañamiento permanente del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y una firma que vigilará la legalidad en la contratación.
El gobierno señala que el proyecto espera mitigar la expansión del uso ilegal de drones con fines violentos. A la comunidad nacional se le recomienda estar atenta a las indicaciones oficiales y colaborar con las autoridades que implementan estas medidas para preservar la seguridad nacional.
