Colombia prevé una ofensiva diplomática en Washington para salir de la lista negra antidrogas de EE. UU.
La administración colombiana anunció en las últimas horas que desplegará una intensa diplomacia en Washington para revertir la medida del gobierno estadounidense que descartó al país en la lista de naciones que “fallan demostrablemente” en sus compromisos contra el narcotráfico, decisión de la Casa Blanca para el año fiscal 2026.
La alerta formal fue activada por el Departamento de Estado, que junto a Colombia incluye a Bolivia, Myanmar y Afganistán en su descertificación. Esta decisión se atribuye a un presunto debilitamiento del liderazgo presidencial de Gustavo Petro y a un aumento en cultivos ilícitos y producción de cocaína, según el gobierno Trump.
Las autoridades nacionales respondieron recalcando los avances alcanzados recientemente. Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y Defensa, Pedro Sánchez, destacaron la incautación de más de 1.200 toneladas de cocaína y la desactivación de unos 10.000 laboratorios en 2024 y 2025, catalogando las cifras como históricas. Agregaron que la estrategia prioriza la interdicción y sustitución voluntaria de cultivos, alejándose de erradicaciones forzadas.
Ante esta amenaza reputacional y la posibilidad de nuevas reducciones en la cooperación internacional, la Cancillería y la Embajada colombiana en EE. UU. sostienen intensas reuniones con congresistas y funcionarios de la Casa Blanca. El embajador Daniel García-Peña manifestó que ha contactado a decenas de representantes para buscar respaldo en defensa de la estrategia nacional antidrogas y fortalecer la relación bilateral.
Expertos de organizaciones como WOLA advierten que esta descertificación responde más a consideraciones políticas y partidistas que técnicas. Alertan que afectar la cooperación puede fortalecer las mafias y debilitar las instituciones encargadas de la lucha antidrogas. Por eso, el gobierno colombiano insiste en mantener la cooperación pero exige evaluaciones con base en datos verificables, no en criterios ideológicos.
La Cancillería se mantiene vigilante y continuará impulsando gestiones para que EE. UU. revise la certificación y se apoye la estrategia institucional en la lucha contra las drogas.
