Colombia decreta estado de emergencia económica y social por crisis fiscal
El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país por 30 días a partir del 22 de diciembre, ante una grave crisis fiscal que deja un faltante de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026. La medida, expedida mediante el Decreto 1390 de 2025 por la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, tiene como fin otorgar facultades para emitir decretos con fuerza de ley y garantizar el financiamiento de sectores claves ante la negativa del Congreso a la reforma tributaria.
La crisis fiscal afecta distintos rubros con recursos insuficientes en un presupuesto proyectado en 546,9 billones de pesos, con una deuda pública que supera el 61% del PIB. El déficit amenaza los servicios esenciales, entre ellos salud, pensiones, seguridad nacional y subsidios de energía. En particular, son prioritarios 3,3 billones de pesos para el régimen subsidiado de salud conforme a fallos judiciales, además de 3,7 billones para seguridad frente a amenazas como drones, más de 5 billones en subsidios energéticos y cerca de un billón para atención de desastres naturales.
“La deuda neta integral del Gobierno disminuye como porcentaje del PIB en 2025”, expresó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, que además afirmó que medidas entre el Banco de la República y obstáculos en el Congreso lesionan la financiación. La declaratoria fue firmada por todos los ministros y enfrenta revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que examinará si la crisis justifica una acción extraordinaria y falta de alternativas.
Para hacer frente al déficit, el Ejecutivo plantea impuestos directos e indirectos sobre personas y empresas de mayores ingresos, cobros extra a sectores como patrimonio, hidrocarburos y licores, y gravámenes por externalidades ambientales y de salud pública. De acuerdo con el representante Alejo Toro, la meta es garantizar recursos para programas sociales, seguridad y el sistema de salud sin afectar a trabajadores, pensionados, campesinos ni pequeñas empresas.
La declaración genera polémica en sectores empresarios y algunos partidos de oposición, que cuestionan su constitucionalidad y consecuencias socioeconómicas. Esta es la séptima emergencia económica declarada en el país en lo que va de siglo, y las autoridades llaman a la población a estar atenta a futuras disposiciones para mitigar el impacto fiscal. El estado de emergencia concluye el 20 de enero de 2026 y será fundamental el acompañamiento institucional para superar la coyuntura.
