La Policía Nacional reportó que en 2024 Colombia alcanzó el máximo histórico de 261 mil hectáreas de cultivos de coca, manteniéndose la expansión de estas plantas en niveles críticos para la seguridad nacional. El crecimiento de los terrenos sembrados se refleja también en mediciones para 2025 que estiman alrededor de 262 mil hectáreas, según informó la entidad en sus últimos balances.
Estas cifras coinciden con los datos preliminares del Gobierno y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que señalan además una producción potencial de cocaína que haría récord, con 2.664 toneladas de acuerdo con una fuente oficial no publicada. El Gobierno y la ONU mantienen una fuerte disputa técnica debido a diferencias metodológicas, lo que genera preocupación porque estos estudios influyen en la política antidrogas que apoyan Estados Unidos y otros países aliados.
Aunque persiste el cultivo de coca, se destaca que la Policía y el Ministerio de Defensa lograron incautar 2.800 toneladas de cocaína desde agosto de 2022, la cifra más alta en décadas. Pedro Arnulfo Sánchez, el ministro de Defensa, calificó la cooperación internacional como “decisiva” para estas incautaciones, especialmente mediante operaciones marítimas y aéreas conjuntas contra los grupos criminales.
En la región fronteriza con Venezuela, reportes de inteligencia advierten que grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC fortalecen su control sobre las rutas del narcotráfico, desplazando comunidades y aprovechando la poca presencia del Estado. Ese corredor se ha convertido en uno de los nodos principales para la economía ilegal y la violencia en el país, con vías clandestinas y rutas fluviales que facilitan el tráfico de drogas.
“El narcotráfico continúa siendo una lacra que afecta nuestra institucionalidad y economía”, aseguró el comandante de la Policía Nacional. Ante esta emergencia estructural, las autoridades hacen un llamado a mantener la vigilancia y fortalecer las estrategias de reducción de cultivos, incautaciones y apoyo social para los municipios afectados por este flagelo que persiste en Colombia.
