Colombia registra el mayor número de ataques a escuelas en América Latina, ubicándose en el cuarto lugar mundial después de Palestina, Ucrania y República Democrática del Congo. En 2025, se reporta un promedio de un ataque directo al entorno escolar cada tres días, cifra que ha crecido alarmantemente desde 2017, cuando era un incidente cada cuatro días.
Entre enero y junio de 2025, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) documentó 52 ataques contra la educación en seis departamentos del país. Estas acciones resolvieron en la afectación de cerca de 9.500 estudiantes, docentes y personal educativo, aumentando en un 65 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Los ataques se incrementaron dentro de las escuelas, representando ahora el 61 por ciento, mientras que el 39 por ciento restante ocurre en las rutas que conducen a las instituciones.
Los departamentos más impactados son Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. Naciones Unidas corroboró en 2024 la cifra más alta de casos, con 27 ataques directos y 35 con uso militar, que afectaron a 7.024 personas entre estudiantes y docentes. En Bogotá, el aumento fue igualmente sobresaliente, con 5.802 casos reportados en el primer semestre de 2025, aumento del 51 por ciento frente a 3.830 en 2024.
Los ataques se traducen en enfrentamientos armados, uso militar de las escuelas, minas antipersonales, reclutamientos forzados y agresiones contra el personal docente. Colombia acumula 388 crímenes contra educadores desde 2016, después de firmar el Acuerdo de Paz, consolidándose como uno de los países con mayor violencia contra docentes en América.
“Solo el diez por ciento de ataques ha recibido una respuesta estatal oportuna”, indicó un representante del Consejo Noruego para Refugiados. Ante esta emergencia, advirtió que mil quinientas instituciones siguen en alto riesgo situacional, pese a que la protección del Estado se focaliza en apenas una docena de municipios. En 2022, Colombia respaldó la Declaración por Escuelas Seguras, sin establecer medidas suficientemente amplias desa activas en terreno.
Frente a esta preocupante situación, las organizaciones humanitarias instan a aumentar recursos, implementar programas exponentes de desminado humanitario y reparar la infraestructura escolar que ha sido objeto de daños. También exigen reforzar la seguridad en zonas controladas por grupos armados, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes colombianos dentro y fuera del aula. La amenaza permanece vigente y se espera rápida acción estatal frente al sarta creciente de agresiones a la educación en el país.
