Las acciones de grupos delincuenciales tienen al Estado acorralado.
Colombia enfrenta una escalada de violencia que recuerda los peores momentos de su historia reciente. El paro armado de 72 horas impuesto por el ELN en el Chocó paralizó la región, dejando más de 3.600 personas desplazadas y 12.000 confinadas, según datos oficiales. La gobernadora de esta región, Nubia Carolina Córdoba, denunció que el 80% del territorio está minado, impidiendo actividades básicas como la agricultura y la educación. La situación ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
Simultáneamente, el Clan del Golfo ha intensificado su «plan pistola», ofreciendo recompensas por cada policía asesinado. En menos de dos semanas, al menos 13 policías y 11 militares han sido asesinados en departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander. Estas acciones buscan expulsar a la fuerza pública de zonas estratégicas, replicando tácticas de los años noventa.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, han provocado un aumento de la violencia en regiones como el Catatumbo. Desde enero de 2025, se han registrado al menos 71 muertes confirmadas, más de 56.000 personas desplazadas y cerca de 47.000 niños sin acceso a la educación.
A pesar de contar con más de 452.000 efectivos en las Fuerzas Militares y 185.000 policías, el Estado colombiano parece incapaz de contener la violencia. La política de «paz total» del gobierno enfrenta serias dificultades, con negociaciones paralizadas y una creciente desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden público.
