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¿Neutralidad en jaque?
El 17 de octubre de 2025, en Bogotá, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por una denuncia que cuestiona su adhesión a la neutralidad institucional en plena temporada electoral.
El origen es una queja presentada el 26 de septiembre por Andrés Tobón, concejal de Medellín, quien señala que el mandatario publicó un mensaje en su cuenta oficial de X —antes Twitter— mostrando apoyo explícito al movimiento político Pacto Histórico durante el periodo en que rige el calendario electoral. Según Tobón, esta conducta transgrede las reglas que obligan a los servidores públicos, especialmente al jefe de Estado, a mantenerse al margen en procesos electorales.
La Comisión acogió la denuncia y formalizó la investigación bajo el Auto de Sustanciación No. 001 (Expediente 7101), dando paso a dos pesquisas independientes: una penal, por posible infracción al artículo 422 del Código Penal, que sanciona la intervención política indebida de funcionarios públicos; y otra disciplinaria, que indaga el incumplimiento de la Ley de Garantías Electorales y el Código Disciplinario Único.
Este lance adquiere especial peso en medio de las elecciones regionales, un momento en el que la institucionalidad pretende preservar la equidad y la transparencia evitando que el poder estatal incline las balanzas electorales. “La neutralidad institucional es uno de los pilares de la democracia”, ha recordado el denunciante, para quien es inaceptable que, desde la alta investidura, se empleen plataformas oficiales para promover opciones políticas.
El proceso apenas comienza y ya deja planteados dilemas clave: ¿hasta dónde puede llegar la voz de un presidente sin quebrar los límites que le imponen las leyes electorales? ¿Prueba de un desliz o síntoma de una tendencia? Mientras tanto, la ciudadanía observa atenta, sabedora de que la confianza en las instituciones depende también del cumplimiento riguroso de sus propias normas.
