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¿Tarima para jefes presos?
Este martes 15 de julio, Medellín encendió la alarma ante una denuncia que sacude la gestión pública y la institucionalidad. Claudia Carrasquilla, concejala de la ciudad, denunció presuntas irregularidades administrativas que permitieron la presencia de jefes criminales, privados de la libertad, en el evento presidencial conocido como el “tarimazo”, realizado en la plazoleta de La Alpujarra el pasado 21 de junio.
Según la denuncia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitió una Resolución 5208 el 19 de junio para regular traslados de internos. Sin embargo, un día después, la Resolución 5304 modificó esa normativa para facilitar el traslado de reclusos como Elder Zapata —alias “Grande Pa”— y Óscar Salazar Gutiérrez, “El Compa”. La irregularidad radica en que esta última resolución hace referencia a una solicitud enviada por Presidencia el mismo 21 de junio, es decir, posterior a la emisión de la norma que ya concedía el beneficio. Para Carrasquilla, esta incongruencia temporal no es un error menor, sino una señal clara de posible falsedad en documento público y una tentativa de corregir “sobre la marcha” una gestión que debía ser transparente.
La concejala no se detuvo ahí. Apuntó directamente hacia la senadora Isabel Zuleta, a quien señaló como la coordinadora clave de la gestión para que estos cabecillas criminales estuvieran en esa tarima política, designándola como “la coordinadora de la paz urbana”. Estas denuncias, dijo, las seguirá impulsando aunque ello implicara enfrentar presuntas presiones o amenazas desde sectores políticos y judiciales que estarían involucrados en el caso.
El llamado “tarimazo” ha provocado una tormenta de cuestionamientos en el país. Mostrar públicamente a líderes de bandas criminales recluidos no es solo una imagen de contradicciones, sino un símbolo de las grietas en la supervisión del sistema penitenciario y la política de seguridad. ¿Cómo transitar hacia la paz cuando las vías para lograrla parecen manchadas por manejos irregulares? La ciudadanía observa expectante, mientras se dilucida una trama que va más allá de fechas y resoluciones: toca la confianza institucional y la promesa de justicia. ¿Podrá esclarecerse esta sombra que oscurece una convocatoria pública?
