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El decreto de emergencia económica fue firmado por el Gobierno y radicado ante autoridades para financiar el presupuesto 2026
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de emergencia económica fue firmado el 18 de diciembre por todos los ministros de Colombia y radicado ante las autoridades competentes al día siguiente, con el fin de recaudar cerca de 16,3 billones de pesos para cubrir el presupuesto nacional luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso.
El decreto establece nuevas medidas tributarias enfocadas en aumentar gravámenes a sectores de altos ingresos económicos, según explicó Benedetti en rueda de prensa el 20 de diciembre. Entre las medidas salientes están la reactivación del impuesto al patrimonio con tarifas de hasta el 5% para 2026, el incremento del Gravamen a Movimientos Financieros de 4 por mil a 5 por mil durante todo el año, un nuevo IVA del 19% sobre depósitos de apuestas y juegos en línea, así como incrementos generales en impuestos a licores, cigarrillos y vapeadores. También se implementa un impuesto especial del 1% sobre la extracción y exportación de hidrocarburos.
El Gobierno argumenta que decretar emergencia económica es necesario para garantizar el pago de la deuda pública y evitar que el riesgo país aumente ante los bancos internacionales. Benedetti aseguró que sin una ley de financiamiento vigente, el costo de los bonos crecería, lo cual impactaría negativamente la inversión y proyectos de infraestructura estratégica, como las vías 4G. El ministro enfatizó que la prioridad debe ser cumplir con las obligaciones financieras establecidas en la Constitución.
Esta medida ha sido radicada oficialmente y queda sujeta al control de la Corte Constitucional, que retomará funciones el 10 de enero. Organismos empresariales y economistas han cuestionado el decreto, mencionando que el déficit fiscal estaba previsto y que existen métodos ordinarios para corregirlo sin activar un estado de emergencia. Además, advierten que decretos legislativos durante esto estados tienen efectos jurídicos inmediatos que pueden ser difíciles de revertir, incluso en caso de una inconstitucionalidad posterior.
Ante la controversia, las autoridades mantienen seguimiento estricto y recomiendan a la ciudadanía informarse sobre el avance del proceso en coordinación con otros entes de control y la Corte Constitucional.
