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Congresista del Pacto Histórico pide investigar a 17 gobernadores por no aplicar decreto de emergencia económica
El representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar a 17 gobernadores que se niegan a aplicar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. La petición se registró este jueves 16 de enero de 2026 y tiene como objetivo atender la negativa que, según informó Ocampo, pone en riesgo la ejecución de 11 billones de pesos para programas sociales y sectores clave.
La controversia involucra a mandatarios departamentales que incurrirían en posibles delitos como prevaricato por omisión y abuso de autoridad debido a su evasión del decreto. Ocampo destacó que esta medida es indispensable para mitigar la grave crisis fiscal y la estabilidad financiera del país. «No es una pelea política: es la defensa de la Constitución y del bienestar colectivo. Nadie está por encima de la ley», expresó el congresista.
Este decreto, expedido el 29 de diciembre de 2025 y con vigencia para el 2026, incluye instrumentación de nuevos impuestos sobre el patrimonio, el sector financiero y el consumo. El Ejecutivo ha advertido acciones jurídicas contra los gobernadores que no acaten la medida dado el impacto fiscal previsto.
En respuesta, la Federación Nacional de Departamentos anunció acciones legales para impedir la aplicación, señalando que el incremento del IVA del 5 % al 19 % y otros impuestos obstaculizan la sostenibilidad financiera territorial. Los gobernadores preparan una excepción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con la solicitud de suspender temporalmente el decreto, afectando derechos fundamentales como salud y educación.
La Corte Constitucional convocó a una audiencia entre el 23 y 28 de enero para evaluar la suspensión provisional del decreto, mientras se prevé un fallo definitivo hacia marzo de 2026. Esta revisión determinará si las medidas establecidas cumplen los principios de temporalidad, necesidad y proporcionalidad según el artículo 215 de la Constitución.
Ante esta situación, se espera que la Fiscalía y la Procuraduría definan el curso legal para esclarecer las responsabilidades de los gobernadores, mientras las regiones continúan la disputa sobre las medidas del Gobierno nacional. La opinión pública permanece atenta a los avances de este conflicto institucional que afecta la administración pública regional y nacional.
