📸 Cortesía: Joel González – Presidencia de la República
Intenso cruce político entre el presidente Petro y congresista Robayo por emergencia invernal en Córdoba
El presidente Gustavo Petro respondió con dureza a la congresista Saray Robayo, tras sus cuestionamientos hechoos el 9 de febrero sobre la gestión gubernamental en la emergencia causada por lluvias atípicas en Córdoba y la ejecución del programa Hambre Cero. Robayo calificó la respuesta del Gobierno como insuficiente, proponiendo decretar una situación de desastre nacional para abordar la crisis.
El reclamo de la representante a la Cámara del Partido de la U se centró en la falta de acciones concretas después de una semana de inundaciones que dejó miles de familias damnificadas a causa del desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge. “Mientras el Gobierno espera validaciones judiciales, nuestra gente sigue bajo el agua”, denunció Robayo, quien también pidió que se active la Ley 1523 de 2012 mediante un decreto especial para movilizar recursos. Para ella, la atención a las emergencias debe estar focalizada en prevención, gestión y planeación sin señalar culpables.
En respuesta, el presidente Petro no se refirió directamente a Robayo, pero reprochó a varios congresistas la falta de ética y dinamicidad, haciendo referencia a actos históricos de violencia y corrupción en Córdoba que según él, siguen sin ser condenados. Adicionalmente, acusó a políticos de varios departamentos caribeños, entre ellos Córdoba, por bloquear leyes de financiamiento que recientemente necesitaban para enfrentar crisis del agua, calificándolos de “miserables con el pueblo”. Petro resaltó que su Administración está activa en la coordinación de ayudas a través de alcaldías, las Fuerzas Públicas, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Defensa Civil y bomberos.
El presidente también solicitó a la Corte Constitucional, especialmente al magistrado Carlos Camargo, que se revierta la suspensión de la emergencia económica del Gobierno, que facilitaría recursos más ágiles para esta situación. Advirtió que el impacto de esta emergencia invernal implicará un costo billonario y requiere respuestas inmediatas. En simultáneo, se confirmó la realización de un consejo de ministros en la ciudad de Montería el 9 de febrero, con el fin de reforzar la intervención en apoyo a las comunidades afectadas.
La emergencia provocó grandes inundaciones que superan la capacidad local para atender a las familias damnificadas, además de generar pérdidas en cultivos y daños significativos en infraestructura. Esta disputa política pone en evidencia la tensión existente sobre las responsabilidades administrativas y la asignación de recursos en fluidas condiciones climáticas extremas que mantienen en alerta a la región. Las autoridades locales y nacionales continúan en proceso de evaluación y respuesta.
