📸 Cortesía: Presidencia
¿CONSULTA O RUPTURA? LA POLÉMICA QUE SACUDE AL PAÍS
En la tarde del miércoles 11 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que convoca a una consulta popular nacional para el próximo 7 de agosto. La propuesta es clara: que la ciudadanía decida sobre una controvertida reforma laboral y en materia de salud. Sin embargo, esta decisión, adoptada mientras el Senado discutía los últimos artículos de dicha reforma, encendió una fuerte y rápida controversia política.
El decreto fue publicado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, lo que generó una ola de reacciones encontradas. Congresistas de diversos sectores, incluyendo la oposición y grupos independientes, acusaron a Petro de romper la Constitución. Señalan una presunta vulneración a la separación de poderes y a los procedimientos establecidos en la carta política de 1991, cuestionando la legitimidad de esta convocatoria.
Para entender el trasfondo, es importante recordar que el presidente puede convocar una consulta popular solo si cuenta con el respaldo del Senado. Pero este órgano legislativo había rechazado la propuesta el pasado 14 de mayo, con una votación de 49 en contra y 47 a favor. Este rechazo abre la duda sobre la constitucionalidad de la firma del decreto.
Desde el Congreso, las voces discordantes fueron inmediatas y contundentes. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, denunció que con la decisión presidencial la mesa del Senado se rompió, evidenciando las profundas diferencias que aún subsisten, especialmente en temas sindicales. En paralelo, Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, calificó la acción de Petro como incoherente, argumentando que ignora la voluntad del Congreso. Más severo fue Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, quien afirmó que el presidente acaba de desconocer la Constitución de 1991 y la decisión del legislativo.
Esta decisión presidencial despierta interrogantes fundamentales: ¿Hasta qué punto un mandatario puede avanzar sin el aval del Congreso? ¿Podrá la consulta popular superar este escollo legal? La ciudadanía observa, en medio de un ambiente de polarización, cómo se tensionan las instituciones que deberían funcionar en equilibrio.
Mientras tanto, el país se prepara para un debate que trasciende la reforma laboral y la salud. Se discute el respeto a la democracia y a las normas que guardan la armonía entre poderes. La incertidumbre crece y con ella, las expectativas por respuestas claras y definitivas.
