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APROBADO EN PRIMER DEBATE, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA 2026 ASCIENDE A 546,9 BILLONES DE PESOS
En la tarde del 24 de septiembre de 2025, el Congreso de la República aprobó en primer debate el Presupuesto General de la Nación para el año 2026 por un valor de 546,9 billones de pesos, en una sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas que votaron una ponencia alternativa con una reducción de 10 billones frente al monto inicial propuesto por el Gobierno.
La reducción se debió a que el presupuesto original, de 556,9 billones de pesos, dependía de la aprobación de una reforma tributaria cuyo trámite apenas comienza y cuya viabilidad aún es incierta. Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde y ponente en el debate, expresó que “el Congreso no puede aprobar gastos financiados con ingresos aún no asegurados en ley”, señalando la cautela ante la dependencia de nuevos impuestos no garantizados.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, explicó que la reforma tributaria presentada el 1 de septiembre busca recaudar 26,3 billones de pesos a partir de gravámenes a juegos de azar en línea, plataformas digitales, iglesias y tributos ambientales como el impuesto al carbono. El Gobierno aclaró que no se afectará la canasta familiar con estas nuevas medidas.
Sin embargo, congresistas de diversas bancadas, entre ellas Centro Democrático y Cambio Radical, rechazaron la reforma tributaria propuesta. Argumentaron que, aunque reconocen la importancia de asegurar recursos para sectores sensibles como salud y educación —financiados en el presupuesto aprobado—, “los impuestos planteados afectan la sostenibilidad financiera de ciudadanos y empresas en sectores clave como hidrocarburos, minería y servicios notariales”.
Ante esta tensión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró la necesidad de la reforma para garantizar el sostenimiento financiero del país y financiar las políticas públicas planeadas para 2026.
Se espera que el debate sobre la reforma tributaria continúe en el Congreso, mientras los partidos y la sociedad civil evalúan el impacto económico y social de las nuevas cargas impositivas. El llamado a la comunidad es mantener la atención y seguimiento a este proceso legislativo clave para la economía nacional.
