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¿Doble militancia, doble castigo?
En la mañana del jueves 21 de agosto, la alcaldía de Bucaramanga quedó envuelta en un nuevo capítulo de incertidumbre judicial. El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde, tras evidenciar que incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de octubre de 2023. Esta decisión no solo obliga a Beltrán a abandonar el cargo, sino que también deja en manos del gobernador de Santander la designación de un alcalde encargado mientras se convocan elecciones atípicas para escoger al nuevo mandatario.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, reunida desde las 9:00 a.m., ratificó el fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2024. El análisis minucioso de pruebas, entre fotos y videos, permitió comprobar que Beltrán, avalado por Colombia Justa Libres, promovió en público la candidatura de varios aspirantes al Concejo de Bucaramanga pertenecientes al Partido de la U y otras coaliciones. Figuras como Juan Pablo Piñeros, Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Anderson Pradilla y Rosa Román fueron mencionadas en este respaldo, que ocurrió luego de la inscripción oficial de Beltrán y antes de las elecciones del 29 de octubre.
Esta conducta, según establece el fallo, vulnera la prohibición legal de doble militancia: no puede un candidato oficialmente respaldado por una colectividad política promover activamente a aspirantes de otros partidos. En este caso, Beltrán pidió públicamente apoyo, nombrando candidatos y refiriéndose incluso a los números de sus tarjetones electorales, lo que representa un claro quiebre a la regulación electoral vigente.
Los recursos presentados por la defensa de Beltrán, que intentaban frenar el proceso de nulidad, fueron desestimados por el alto tribunal. La demanda, encabezada por el senador Fabián Díaz y un grupo de abogados, aportó las evidencias que ahora demuestran un episodio que mezcla ambición política con violaciones legales.
Mientras Bucaramanga se prepara para una transición inesperada, la incertidumbre se cierne sobre el proceso electoral local. ¿Podrá la institucionalidad garantizar la transparencia y la confianza en un escenario marcado por controversias desde su origen? La ciudad, al igual que su gobernanza, queda a la espera de respuestas claras.
