📸 Cortesía: prensa Senado
¿JUSTICIA FORMAL O UN VACÍO EN LA POLÍTICA?
Una batalla jurídica que apenas comienza. Este jueves 26 de junio de 2025, en Bogotá, el Consejo de Estado decidió inadmitir la solicitud de pérdida de investidura contra el senador Miguel Uribe Turbay, presentada por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato Sinsergen del Ministerio de Defensa.
La demanda apuntaba directamente al corazón del poder político: acusaba a Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático, de aprovechar su curul para realizar actividades proselitistas relacionadas con sus aspiraciones presidenciales para 2026. Sin embargo, la acción jurídica sufrió un revés no sobre el fondo, sino por fallas en la forma.
El Consejo de Estado, bajo el auto firmado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente de la corporación, consideró que los demandantes carecían de legitimidad según la Ley 1881 de 2018, pues fueron personas jurídicas —los sindicatos— quienes promovieron la acción, y no individuos con capacidad procesal para ello. Además, la demanda no logró acreditar de manera adecuada la condición de congresista de Uribe Turbay, y cometió errores procedimentales como dirigir la solicitud contra el Congreso de la República en vez de contra el senador de forma individual.
Es importante subrayar que esta inadmisión no tuvo en cuenta la delicada situación de salud del senador, quien se encuentra convaleciente en una unidad de cuidados intensivos tras un atentado reciente. La decisión se basó exclusivamente en criterios estrictamente formales y procesales, otorgando además a los demandantes un plazo de tres días hábiles para corregir dichas irregularidades.
Esta polémica no solo expone la fragilidad y complejidad del marco legal para controlar la conducta de los congresistas, sino también invita a reflexionar sobre la efectividad de los mecanismos institucionales para enfrentar posibles conflictos de interés y abusos en la política colombiana. ¿Podrán, más allá de las formalidades, las instituciones esclarecer y actuar frente a los presupuestos éticos que reclama la ciudadanía? La respuesta aún queda en el aire, mientras la expectativa pública se mantiene en vilo.
