📸 Imagen cortesía: Andrea Puentes – Presidencia
¿Justicia y poder: ¿un acto de contrición presidencial?
Este lunes 29 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado de Colombia dictaminó que el presidente Gustavo Petro debe retractarse públicamente tras acusar al presidente del Grupo Keralty, Joséba Grajales Jiménez, de ser “criminal” durante una alocución el 15 de julio de este mismo año.
El alto tribunal encontró que las palabras de Petro —que vinculaban a Grajales con un supuesto crimen relacionado con la financiación irregular de campañas políticas— no contaban con pruebas suficientes y vulneraban derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del empresario. “Está prohibido que en una empresa como Keralty se le pague a los políticos; el político que recibe ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, había afirmado el mandatario en aquel discurso, declaraciones que ahora el Consejo considera infundadas y lesivas.
La orden es clara: Petro debe corregir estas afirmaciones en su siguiente intervención presidencial, no en redes sociales ni de manera dispersa, sino con la solemnidad que demanda la función pública. Además, el tribunal le impone retirar la frase “debe irse”, ya que no existe resolución administrativa alguna que justifique ese llamado. Este acto de retracción no solo marca un episodio inédito del equilibrio entre la palabra presidencial y la tutela judicial del honor, sino que también robustece la reflexión sobre los límites del discurso político en tiempos convulsos.
La ciudadanía se pregunta si este episodio servirá para fortalecer la confianza en las instituciones o si, por el contrario, evidenciará la fragilidad de un poder que se reconoce cuestionado. Mientras tanto, queda en el aire la pregunta que todo proceso político judicial suscita: ¿podrá la justicia colombiano resguardar la honra sin diluir la crítica legítima?
