📸 Cortesía: X @AngelicaLozanoC
¿AL BORDE DEL CONSENSO O DE LA FRACTURA?
Un debate que divide Colombia.
El martes 17 de junio de 2025, en el Congreso de la República, se vivió una jornada decisiva para la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Aún con cerca del 75% de su articulado aprobado, la propuesta enfrenta la encrucijada definitiva alrededor de 12 artículos clave que dividen, aún sin consenso, a senadores y representantes. La comisión de conciliación que deberá resolver estos puntos controvertidos es el último obstáculo que separa al texto de la firma ejecutiva y, con ella, de la inminente activación de la consulta popular propuesta por el Gobierno.
Este proyecto busca modernizar el marco laboral colombiano, afectando a millones de trabajadores tanto del sector público como privado. No obstante, son precisamente esos doce artículos en disputa los que concentran las miradas más críticas y los debates más ásperos. Entre ellos destacan la posible reducción de la jornada laboral, el aumento progresivo del recargo en domingos y festivos, y las licencias especiales por motivos de salud, que incluyen citas médicas y menstruación incapacitante. Otro punto sensible es la naturaleza del contrato de aprendizaje para los jóvenes del SENA, con implicaciones directas en la formación y el empleo de los aprendices.
Además, se discuten incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas, medidas para la contratación inclusiva de personas con discapacidad, y ajustes en la formalización del empleo informal y en el régimen especial para trabajadores rurales. Estos temas reflejan que la reforma no solo busca redefinir condiciones laborales, sino también impactar profundamente la estructura social y económica del país.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras sectores oficialistas defienden la ponencia mayoritaria asegurando que las excepciones buscan equilibrio entre empresarios y trabajadores, la oposición y sectores gremiales alertan sobre el aumento de costos que podría afectar a las Mipymes y frenar la creación de empleos formales. Por su parte, centrales sindicales emblemáticas como la CUT y la CGT han retirado su respaldo, argumentando que ciertos artículos, en especial los que regulan recargos nocturnos y la tercerización laboral, resultan regresivos y vulneran derechos conquistados.
El Congreso se encuentra en una encrucijada: ¿podrá la comisión de conciliación salvar una reforma que promete cambio o sucumbirá ante las profundas divisiones que la atraviesan? La ciudadanía observa atentamente, consciente de que está en juego no solo el futuro del trabajo en Colombia, sino también la confianza en las instituciones que deben garantizarlo.
