En un acto político cargado de simbolismo, el presidente Gustavo Petro radicó en el Senado de la República la consulta popular, busca impulsar la implementación de su hundida reforma laboral, por lo menos, en 12 aspectos básicos.
En un tono que ha sido calificado por críticos como confrontativo y riesgoso para la institucionalidad, el máximo mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró que, si el Congreso niega la viabilidad de la consulta, el “pueblo se levantará y revocará a quienes lo impidan”.
De acuerdo con la ley, el Senado tiene 30 días para estudiar y decidir si aprueba la convocatoria. Sin embargo, varios sectores del legislativo han manifestado su preocupación por el contenido ambiguo de algunas preguntas y el uso del mecanismo de consulta como vía para presionar reformas que ya fueron archivadas por falta de consenso.
“Una consulta no puede ser una estrategia para eludir el debate democrático en el Congreso”, señaló el senador Miguel Uribe, de la oposición. En contraste, sectores afines al Gobierno celebraron la iniciativa como un ejercicio de democracia participativa. “El pueblo debe tener la última palabra en temas fundamentales”, afirmó la senadora María José Pizarro.
Expertos constitucionalistas advierten que, aunque el mecanismo es legítimo, su uso debe respetar los principios de claridad, pertinencia y viabilidad jurídica. Cuestionan también el momento político en que se presenta, cuando el Gobierno ha perdido apoyo en el Congreso y enfrenta tensiones con los órganos de control.
