¿Cadáver político o estrategia perdida?
El pasado 6 de junio de 2025, en Cartagena, durante la 59ª Convención Bancaria de Asobancaria, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, lanzó una crítica sin precedentes contra la **consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro**. En un discurso cargado de desconfianza y advertencias, Cepeda no dudó en calificar la iniciativa como un «**cadáver sepultado**».
El detonante fue la formalidad con la que el Senado rechazó esta consulta el 14 de mayo, decisión que según Cepeda, marcó la muerte política del proyecto. «Esta consulta **se negó, es cadáver desde el 14 de mayo y la apelación se negó, es un cadáver que está sepultado**», sentenció. Más allá de una simple crítica, acusó al Ejecutivo de convertir este asunto en una **estrategia de campaña anticipada financiada con recursos públicos**, apuntando a una manipulación institucional que, a su juicio, erosiona la confianza ciudadana.
Para el líder parlamentario, este episodio es un síntoma visible de una **profunda crisis institucional** que atraviesa Colombia. Con palabras duras, afirmó que el país está «al borde de una fractura institucional profunda» y describió al actual gobierno como «sin logros, sin credibilidad y completamente desconectado de la realidad nacional». En su diagnóstico, la crisis toca la esencia misma del poder público: «este régimen no cree en la autonomía de las ramas del poder público… le resulta inconcebible que otro pueda pensar distinto, que la justicia falle en su contra sin estar manipulada, que la prensa investigue sin responder a un plan perverso».
Las acusaciones no se limitaron a principios abstractos. Cepeda puso en evidencia la **improvisación en la administración pública**, ejemplificada en una asombrosa rotación de funcionarios: «53 ministros y 126 viceministros, lo que equivale a un ministro cada 20 días y un viceministro cada 9 días». Este dato no solo refleja inestabilidad administrativa, sino también la dificultad para implantar políticas coherentes que respondan a las necesidades nacionales.
En un clima político y social marcado por incertidumbre, este episodio abre interrogantes inquietantes: ¿la consulta popular realmente estaba condenada desde su concepción? ¿O será esta polémica solo un síntoma más de la confrontación política que fragmenta al país? Mientras tanto, Colombia observa con atención cómo se desenvuelven estos acontecimientos que, a juicio de Cepeda, revela un entramado institucional al borde del colapso.
¿Podrán las instituciones rescatar la confianza perdida o este «cadáver» consumirá más que solo una propuesta política? La respuesta parece escrita en la fragilidad y desconfianza que persiste en el aire.
