«`html¿CONTROL O CONFLICTO? LA PROCURADURÍA INVESTIGA A MINISTROS POR DECRETO DE CONSULTA POPULAR
Bogotá, 14 de junio de 2025. Un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre los poderes del Estado se abrió este mes, cuando la Procuraduría General de la Nación decidió iniciar una indagación preliminar contra varios ministros del gobierno de Gustavo Petro. La razón: la firma del polémico decreto que convocó la consulta popular, oficializada el pasado 12 de junio.
El llamado de atención de la Procuraduría no es menor: se investiga si al suscribir el decreto los altos funcionarios incurrieron en abuso de funciones y si dicha convocatoria podría estar violando principios constitucionales tan fundamentales como la legalidad y la separación de poderes. En otras palabras, se pregunta si un acto administrativo afectó el equilibrio que sostiene la democracia colombiana.
La investigación surge a partir de una queja formal presentada por ciudadanos destacados, entre ellos el concejal Daniel Briceño, la exdirectora del ICBF Cristina Plazas Michelsen y el abogado Alberto Boek Huyke. Los denunciantes argumentan que el decreto no solo desborda los límites constitucionales de la participación política, sino que también erosiona el marco legal que limita las facultades del Ejecutivo y garantiza el equilibrio entre ramas del poder.
El foco de la indagación recae sobre al menos 18 ministros, entre los que sobresalen figuras clave como el ministro del Interior, Armando Benedetti, la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas. La Procuraduría ha señalado que la medida busca esclarecer si la firma de los ministros constituyó una falta disciplinaria, garantizando que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa a lo largo del proceso.
Para ello, la entidad ha ordenado la recolección de evidencia sustancial: desde el informe que elaboró el Senado sobre el trámite de esta consulta, hasta documentos oficiales provenientes tanto de la Presidencia como de los ministerios implicados. Se busca así comprender el contexto y razones que sustentan la expedición del decreto. Incluso, se han solicitado certificaciones laborales para confirmar formalmente quiénes ocupaban las carteras ministeriales al momento de la firma.
Este llamado a la reflexión sobre los límites institucionales abre una pregunta inevitable: ¿podrán estas investigaciones aclarar si el Ejecutivo actuó dentro de los márgenes legales o si, por el contrario, se cruzaron líneas rojas que comprometen la integridad del Estado? La ciudadanía observa expectante, consciente de que más allá del conflicto político, está en juego la confianza en las normas que gobiernan la convivencia democrática.
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