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¿Consulta por decreto o choque de poderes?
Este martes 3 de junio de 2025, un nuevo capítulo de tensión institucional se escribió en Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará, mediante decreto, una **consulta popular sobre la reforma laboral**, desafiando al Senado que la había rechazado menos de un mes atrás, el 14 de mayo.
La escena se desplegó entre acusaciones y reproches. En una alocución televisada, Petro calificó la negativa del Senado como una **»trampa»** y adelantó que la **Corte Constitucional tendrá la última palabra** sobre el decreto que firmará esta semana. Acusó además a Efraín Cepeda, presidente del Senado, de una **»vagabundería»** durante la votación, subrayando la ruptura del diálogo entre poderes.
Pero la reacción no se hizo esperar. Alexander Vega, exregistrador nacional y actual directivo del Partido de la U, advirtió que el llamado presidencial es **»abiertamente inconstitucional»** y que avanzar sin el **concepto favorable del Senado** podría implicar un delito de prevaricato, conforme a la Ley 134 de 1994. Desde la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas, el grito fue de alerta mayor: esta medida **»compromete la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de derecho»**.
La decisión presidencial, tomada desde la Casa de Nariño, no es solo un acto administrativo; es un quiebre que provoca un enfrentamiento directo entre Ejecutivo y Legislativo y abre la puerta a un pulso institucional sin precedentes. ¿Podrá la Corte Constitucional esclarecer este choque? ¿O la consulta se convertirá en un símbolo más de la fractura política que vive Colombia? Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante, atrapada entre la urgencia de reformas y la defensa de la legalidad.
Este episodio obligará a reflexionar sobre los límites del poder y el futuro de la democracia en un país en busca de equilibrio y certidumbre. ¿Podrá el Estado colombiano recomponer sus equilibrios sin ceder a la amenaza de la ruptura constitucional?
