📸 Imagen cortesía D.R.A
[¿Justicia en pausa salarial?]
Este lunes 18 de noviembre de 2025, la bonificación mensual de casi 59.000 empleados del sector justicia en Colombia sigue sin actualizarse ni pagarse.
La Contraloría General de la República ha alertado sobre un retraso preocupante: el Gobierno Nacional no ha expedido aún el decreto para ajustar la bonificación establecida desde 2013 bajo el Decreto 383, cuyo valor debe revisarse anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Once meses de espera que dejan a miles de funcionarios sin un componente esencial de su salario.
Este descuido no es solo una cifra en rojo. La Contraloría lo califica como un riesgo fiscal y jurídico serio, pues se pone en jaque el cumplimiento de derechos laborales amparados por la ley. Además, abre la puerta a demandas, acciones tutelares y reclamaciones que podrían generar gastos retroactivos significativos para el Estado. “La falta de actualización y pago de esta bonificación podría suponer un detrimento patrimonial y una fuerte presión en las finanzas públicas”, advierte el ente fiscalizador.
La demora también erosiona principios constitucionales cruciales, como la planeación presupuestal y la sostenibilidad fiscal anual. Voces oficiales y sindicatos han expresado su inquietud, señalando que han remitido solicitudes formales al Ministerio de Hacienda para que defina el aumento y garantice la transferencia de recursos, sin que hasta ahora se obtenga una respuesta clara.
El daño se extiende a todas las ramas del sector justicia, poniendo en riesgo no solo el bienestar económico de estos servidores públicos sino el equilibrio institucional. El gremio de trabajadores insiste en que esta bonificación es un derecho adquirido, cuya omisión amenaza con congestionar aún más un sistema judicial ya tensionado por vías legales para reclamar lo justo.
Así, mientras el calendario avanza y la bonificación continúa en suspenso, la incertidumbre pesa sobre quienes sostienen el engranaje de la justicia colombiana. ¿Podrá el Estado acelerar un decreto que parece atrasarse a costa de los derechos laborales? La cuenta regresiva parece implacable, pero el silencio persiste.
