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¿Venta en la sombra?
Este martes 28 de octubre de 2025, la Contraloría General de la República puso un plazo estricto de 24 horas a Ecopetrol para que entregue toda la documentación relacionada con una posible venta de su participación en la Cuenca del Permian, Estados Unidos — uno de los activos más rentables y estratégicos de la petrolera estatal colombiana.
La autoridad fiscal busca poner luz sobre las intenciones que ahora enredan a la compañía. La solicitud formal, dirigida al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, exige información técnica, financiera y jurídica, incluyendo informes de impacto fiscal, actas donde se haya discutido la venta y evaluaciones de riesgos financieros y reputacionales. La Contraloría advierte que no cumplir o entregar información incompleta podría acarrear sanciones, amparadas bajo la Ley 1474 de 2011, que regula la lucha contra la corrupción y el fraude.
El peso del Permian Basin en las cuentas de Ecopetrol es innegable. Desde 2019, la empresa opera en sociedad con Occidental Petroleum, y este activo aporta cerca del 15 % de la producción total y el 14 % del EBITDA en exploración y producción. Sus márgenes operativos superan el 75 %, con costos de extracción bajos, entre 4 y 6 dólares por barril. Analistas y gremios del sector han señalado su papel como columna vertebral que sostiene la estabilidad financiera del grupo.
Esta inesperada solicitud del ente de control llega en medio de un turbio panorama político y financiero, con especulaciones que hablan de maniobras para dilatar la transparencia y posibles intereses ocultos. La pregunta que persiste es si Ecopetrol cumplirá con la exigencia de rigidez documental, o si la opacidad terminará por erosionar la confianza pública en la gestión de recursos estratégicos del Estado.
Mientras tanto, el país asistirá a un pulso silencioso donde se decidirá qué tanto peso tiene la rendición de cuentas frente a los intereses económicos y políticos que giran en torno a uno de los activos más valiosos del sector energético colombiano. ¿Podrá la vigilancia fiscal surtir efecto y esclarecer el destino del Permian? O, por el contrario, ¿será este un capítulo más en la historia de desconfianza que empaña la gestión de Ecopetrol?
