Cortesía Presidencia de la República
Contraloría detecta hallazgo fiscal por 213 millones por uso indebido de aeronaves de la Policía
La Contraloría General de la Republica confirmó un hallazgo fiscal por 213 millones de pesos por un uso indebido de aeronaves de la Policía Nacional. Este gasto irregular está vinculado a Juliana Guerrero, quien fuera secretaria ejecutiva del despacho del Ministro del Interior, por desplazamientos realizados entre Bogotá, Valledupar y Aguachica en junio de 2025.
Entre el 19 y 20 de junio, Guerrero tuvo cinco movilizaciones en un avión ATR-42 y helicópteros Bell-212 de la Policía Nacional para asistir a reuniones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, entidad de la cual era miembro. Según informó la entidad, estos vuelos sumaron un costo de 213.548.069 pesos entre combustible y gastos operativos y se registraron inicialmente como “reuniones con la comunidad”, sin justificar la conexión con sus funciones en el ministerio. En algunos traslados acompañaron a la funcionaria su hermana, Verónica Guerrero, y Ricardo Adolfo Suárez Belmonte, tampoco vinculados a las actividades del Ministerio del Interior.
La Contraloría clasificó esta actuación de gestión fiscal como «ineficaz, ineficiente y antieconómica» por generar un detrimento patrimonial para el Estado. El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que “estos gastos no corresponden a una gestión eficiente y se deben garantizar medidas para el buen uso de los recursos públicos”.
Ante este caso, el organismo remitió los hallazgos a los órganos competentes para que adelanten las investigaciones disciplinarias y fiscales que procedan. También pidió al Ministerio del Interior entregar un plan de mejoramiento en un plazo de 15 días hábiles. Rodríguez explicó que el proceso podrá avanzar en tres fases, desde archivar el caso si no hay evidencias, pasando por una indagación llamada preliminar, hasta abrir un juicio formal de responsabilidad fiscal. Paralelamente, la Procuraduría fue notificada y podrá iniciar las acciones disciplinares correspondientes.
La Contraloría advierte la importancia de vigilar el correcto uso de los recursos públicos y espera que se cumplan consejos para evitar situaciones parecidas.
