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¿Negocios en la sombra?
Este jueves 6 de noviembre de 2025, la Contraloría General de la República encendió una alerta sobre un contrato millonario en Ecopetrol.
El contrato en cuestión, firmado en agosto de 2024, vinculó a Ecopetrol S.A. con la firma estadounidense Covington & Burling LLP para brindar asesoría jurídica. Su propósito era asesorar a la Junta Directiva en materias delicadas: cumplimiento regulatorio, riesgos reputacionales y, sobre todo, investigaciones internacionales que involucraban a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. También abordaba posibles conflictos de interés ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
Sin embargo, la auditoría para la vigencia 2024 reveló grietas inquietantes. Más de 1,59 millones de dólares desembolsados, pero sin respaldos claros. Los pagos se justificaron solo en base a horas reportadas; no hay informes, entregables ni cronogramas validados. Una ausencia que viola las propias políticas internas de Ecopetrol y abre la puerta a un posible detrimento patrimonial.
El 21 de marzo de 2025, la Junta Directiva decidió suspender este contrato. Pero la suspensión quedó en el papel: no se documentó ni formalizó según los protocolos que rigen la contratación y abastecimiento en la empresa estatal. Esto podría configurar una infracción administrativa y disciplinaria.
La sombra de esta operación se extiende más allá del dinero: ¿Cómo se autorizaron pagos sin evidencias tangibles? ¿Quién veló por la transparencia? ¿Qué impacto tendrá esta negligencia institucional en la credibilidad de Ecopetrol y en la confianza ciudadana?
Mientras las alertas de la Contraloría persisten, el país observa una vez más cómo el resguardo del patrimonio público puede erosionarse silenciosamente en la penumbra de decisiones poco claras. ¿Habrá respuestas claras o seguirá la incertidumbre?
