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se trata de la “primera zona binacional… donde la paz esté fundamentada en el desarrollo y la justicia”. La propuesta no solo impulsa la coordinación policial y militar para erradicar delitos, sino que amplía la ambición hacia el comercio, la inversión y la sustitución de cultivos ilícitos por actividades agrícolas formales.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, subrayó que el objetivo es “beneficiar a los pueblos de nuestras fronteras” mediante proyectos conjuntos en salud, educación e infraestructura, creando un espacio que trascienda la mera seguridad. Por otro lado, para Colombia, la ministra de Comercio Diana Marcela Morales indicó que se implementará un plan piloto en Norte de Santander, que podría sentar las bases para un despliegue más amplio.
Este acuerdo se inserta en un intento de superar décadas de desconfianza y confrontación en la frontera, un escenario donde las dinámicas delictivas han erosionado la vida cotidiana de las comunidades. Con la coordinación inédita de fuerzas policiales y militares, se espera desmantelar las redes que alimentan el narcotráfico y el paramilitarismo.
Sin embargo, aún quedan muchas preguntas abiertas: ¿podrán verdaderamente imponerse la cooperación y el desarrollo cuando arraigados poderes ilegales operan al margen del Estado? ¿Cómo enfrentarán ambos gobiernos los complejos entramados sociales y económicos que sostienen la violencia en esta franja limítrofe? La esperanza de miles de habitantes desconfiados y cansados se posa sobre esta iniciativa, que intentará transformar el dolor y la incertidumbre en un proyecto común.
¿Será esta la paz en la frontera o solo el inicio de un largo camino hacia ella? La respuesta, por ahora, sigue pendiente.
