Imagen de referencia, tomada de la cuenta de x de Vicky Dávila
CORRER LA LÍNEA ÉTICA, ¿UN RIESGO QUE NO VALIÓ LA PENA?
Este martes 10 de junio de 2025, en Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento provisional de Sebastián Guanumen como consejero de relaciones exteriores en el Consulado de Colombia en Chile. Con esta decisión queda sin efecto el decreto 0214, firmado por el presidente Gustavo Petro el 14 de febrero de 2024, que oficializaba esta designación.
La sentencia se fundamenta en una falla en el procedimiento diplomático. El Tribunal determinó que no se respetó la carrera diplomática para asignar este cargo, pues existía al menos una funcionaria de carrera disponible y con los requisitos necesarios para ocuparlo. En realidad, la investigación identificó hasta 23 funcionarios aptos y preparadas para ese puesto, lo que cuestiona la vía rápida elegida para la designación.
Sebastián Guanumen saltó a la opinión pública durante la campaña presidencial de 2022 por su controvertida declaración de “correr las líneas éticas” para asegurar la victoria de Gustavo Petro. Desde entonces, ha sido una figura cercana al actual presidente, aunque su nombramiento en un cargo diplomático provocó dudas, pues su perfil más político estratégicamente que diplomático tradicional generó recelos en varios sectores.
No obstante, la anulación en el consulado no afecta otro nombramiento clave de Guanumen: su cargo como Embajador de Colombia en Chile, confirmado recientemente por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese tribunal, los magistrados consideraron que las funciones desempeñadas como cónsul tenían una relación directa con labores propias de un embajador, lo que llevó a rechazar la demanda judicial contra dicha designación.
Este episodio añade una nueva capa a la discusión sobre las reglas no escritas que rigen la diplomacia colombiana. ¿Puede la política partidista alterar los procesos institucionales sin provocar consecuencias? El caso de Guanumen deja en evidencia que intentos por “correr la línea ética” pueden más que acelerar procesos: pueden erosionar la confianza en esos mismos procedimientos y abrir interrogantes sobre la tecnicidad y legalidad que el Estado debe preservar.
