Cortesía D.R.A
La Corte Constitucional ordenó la implementación inmediata de medidas sanitarias en cárceles y centros de detención transitoria de Antioquia y Bucaramanga, tras detectar brotes de tuberculosis en medio de condiciones críticas de hacinamiento y falta de salubridad.
El auto emitido por la Sala Especial de Seguimiento informó que la crisis afecta especialmente a establecimientos del orden nacional en Antioquia y Santander, así como estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata en Medellín y su área metropolitana. La Corte calificó como inadmisible que se sigan realizando traslados de internos sin aplicar protocolos para aislamiento, diagnóstico y tratamiento, lo cual aumenta el riesgo de contagios masivos.
Entre las medidas exigidas, la Corte estableció que las alcaldías de Medellín y Bucaramanga, en coordinación con el INPEC y la USPEC, adopten con urgencia acciones que garanticen condiciones mínimas de salubridad en los centros de detención transitoria. Se deberá adelantar la aplicación del Programa Nacional de Tuberculosis, que incluye tamizajes clínicos y bacteriológicos a los ingresos, aislamiento respiratorio de casos sospechosos y confirmados, y suministro constante de medicamentos con seguimiento mediante tratamiento directamente observado.
El fallo resaltó los altos niveles de hacinamiento, que llegan al 1.200 por ciento en algunos centros transitorios y al 228 por ciento en los establecimientos de reclusión del orden nacional, condiciones que favorecen la propagación de enfermedades infectocontagiosas. En la cárcel Modelo de Bucaramanga, más de 80 internos recibieron diagnóstico de tuberculosis y actualmente están en tratamiento, reforzando la gravedad de la situación en la región.
“Es urgente actuar ante esta emergencia sanitaria para garantizar el derecho a la salud y la dignidad de la población privada de la libertad”, explicó el magistrado coordinador de la Sala Especial de Seguimiento. La Corte anunció que supervisará estrictamente el cumplimiento de las órdenes impartidas a las autoridades locales y nacionales para mitigar este foco epidémico y mejorar las condiciones de vida en el sistema penitenciario.
